Imputan a una exconcejala del PP de Torremolinos por instar a la Policía a no multar a terrazas por horario

El exalcalde Pedro Fernández Montes y la edil imputada, en una foto de archivo./
El exalcalde Pedro Fernández Montes y la edil imputada, en una foto de archivo.

La edil Alicia Cerdán declarará ante la jueza por un presunto delito de prevaricación tras la querella interpuesta por una comunidad vecinal

ALBERTO GÓMEZ

El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha imputado a la exconcejala del Partido Popular Alicia Cerdán, responsable del Área de Aperturas y Vía Pública en el anterior equipo de gobierno, por un presunto delito de prevaricación por omisión ante las denuncias de una comunidad de vecinos por la actividad de seis locales de ocio colindantes. La edil, en un escrito firmado el 11 de abril de 2013 y al que este periódico ha tenido acceso, solicitó a la Policía Local que no levantase actas «respecto a cuestiones de horario» en las terrazas situadas junto a la urbanización Costa Lago. Los vecinos, que según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deben ser indemnizados con 24.000 euros por «la inacción» del Ayuntamiento, reabrieron el caso a comienzos de este mes tras tener constancia de la citada misiva, enviada por la concejala al departamento de Planificación de la Policía Local.

Los vecinos interpusieron una querella contra Cerdán el 6 de septiembre al entender que las terrazas permanecieron abiertas fuera del horario establecido, a pesar de sus reiteradas denuncias, porque los agentes de policía «poseían instrucciones» por parte de la concejala para no levantar actas, algo que, siempre según la versión de los vecinos, contradice la legislación autonómica y la ordenanza municipal número 57, que regula los horarios de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas. La abogada de la comunidad, Patricia Peinado, sostiene en el escrito enviado a la jueza que Cerdán viola la ley al «aportar instrucciones claras a la Policía Local para que no levante actas ante el incumplimiento de horarios y cierre de terrazas», establecido a las dos de la mañana. La defensa de los vecinos de Costa Lago aporta también documentación testifical consistente en la declaración de varias personas, entre ellas el inspector jefe de la Policía Local y tres agentes.

Declaración y testigos

La carta en la que se fundamenta la querella recoge que sí se hagan constar en actas las infracciones con motivo de incumplimiento de la normativa en materia de ruidos, pero no así de horarios «al ser una zona privada», según Cerdán. La concejala tendrá que declarar en calidad de imputada el próximo 4 de noviembre al entender la jueza que los hechos querellados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Los testigos citados declararán en octubre, según consta en la resolución judicial que ya se ha sido enviada al Ministerio Fiscal.

Cerdán, que ocupaba el decimosexto puesto de la lista presentada por el PP en las elecciones municipales celebradas en mayo, no consiguió renovar su acta de concejal tras el batacazo de la formación presidida por Pedro Fernández Montes. Los populares perdieron siete de los diecisiete ediles obtenidos en 2011 y con ello la mayoría absoluta. Durante el pleno de investidura, el socialista José Ortiz consiguió los votos de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento salvo el PP y desalojó de la Alcaldía a Fernández Montes tras dos décadas de incontestable mandato. El PSOE gobierna en minoría desde junio.

Los vecinos de Costa Lago comenzaron a movilizarse en 2006, cuando varios pubs de la zona programaron música en directo. En 2012, después de varias denuncias de origen administrativo y de una infructuosa reunión con Fernández Montes, llevaron el asunto a los tribunales, que les dieron la razón al considerar probada «la inactividad de forma continuada» por parte del Ayuntamiento, a la que una sentencia condenó a pagar 24.000 euros. El portavoz de la comunidad, José María Casillas, denunció que los vecinos se sentían «desamparados» por el Consistorio, que recurrió la decisión judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la resolución a favor de los vecinos en junio de este año.

El caso vuelve ahora a abrirse tras la imputación de Cerdán. La defensa de la comunidad de propietarios reclama que se condene a la edil «como autora de un delito de prevaricación» al pago «de la cantidad que la jueza tenga por conveniente en concepto de responsabilidad civil».