Mijas crea un servicio específico contra la ocupación ilegal de viviendas

Uno de los últimos desalojos que ha gestionado el departamento mijeño./
Uno de los últimos desalojos que ha gestionado el departamento mijeño.

La Policía Local coordina esta iniciativa pionera ante el aumento de casos, que también se repiten en Benalmádena y Torremolinos

MARI CARMEN JAIME

La explosión de la burbuja inmobiliaria y posterior crisis económica ha provocado situaciones impensables hace unos años pero que, hoy en día, se dan con asiduidad. Así ha ocurrido en Mijas con la ocupación irregular de viviendas vacías, hasta el punto que el equipo de gobierno puso en marcha, hace ahora poco más de un año, un servicio específico y pionero coordinado por Policía Local que pretende acabar con estos casos y evitar que se vuelvan a dar.

Los datos

Actividad Servicio Contra la Infravivienda de la Policía Local de Mijas es una unidad que funciona desde julio de 2013.
Expedientes Hasta ahora se han iniciado más de 30 expedientes, quince se han resuelto tres de ellos en los últimos 10 días.
Departamentos implicados Policía Local, Urbanismo, Asesoría Jurídica, Sanidad, Servicios Sociales y Servicios Operativos.

A lo largo de este tiempo, se han abierto más de una treintena de expedientes; una quincena se han cerrado correctamente y de estos, tres en los últimos diez días. Los responsables del área aseguran que no hay un protocolo de actuación establecido, y cada caso se desarrolla de forma individualizada, porque tienen unas características particulares. Lo que sí está establecido son los procedimientos principales a seguir: en cuanto se tiene conocimiento de la ocupación por avisos de vecinos e incluso derivados de un servicio rutinario de los agentes, se certifica que es cierta y se inicia la investigación.

A partir de ahí se trabaja por dos vías. De un lado en el plano jurídico, que busca informar a autoridades judiciales y al propietario del inmueble de lo que ocurre y por otro, tratar que los propios moradores decidan, voluntariamente, abandonar la vivienda. Es en esta fase donde entra en juego la colaboración de otras áreas municipales, principalmente Urbanismo, Sanidad y Servicios Sociales. Y es que, hasta el momento, se han dado muchos casos en los que los okupas resultan ser víctimas de la crisis.

Obtener una denuncia del propietario que sustente el procedimiento policial es el único paso legal que se tiene para, en último término, hacerse con una orden judicial de desalojo. Este aspecto, como comentan los responsables, puede resultar largo y complicado. En ocasiones, la propiedad no está claramente definida viviendas embargadas por el banco, residenciales que pertenecen a una constructora en concurso de acreedores y otro tipo de casos confluyen en un término municipal de 147 kilómetros cuadrados que sufrió un importante crecimiento urbanístico.

Vigilancia y colaboración

Ante esta situación, las posibilidades pasan por reforzar la presión policial, también a través de diferentes vías: la vigilancia del inmueble es primordial, ya que si se desocupa es indispensable cerrar los accesos, evitando que se vuelva a ocupar. Colaboración y atención vecinal están además entre las tareas de los funcionarios, puesto que se han dado casos en los que la residencia ilegal se establece en una comunidad donde hay propietarios viviendo y pueden darse situaciones tensas, «porque provoquen daños en zonas comunes, ruidos, se utilice la vivienda para la venta de droga como ocurrió recientemente en Campomijas o, simplemente, por el hecho de cohabitar con quienes están viviendo de forma irregular».

Pero Mijas no es la única que ha registrado esta problemática. Hace dos años, en Torremolinos, diez familias ocuparon un edificio de la urbanización Brocante. Constituidos en una atípica comunidad con medio centenar de vecinos, propusieron, incluso, el pago de una cuota mensual. Tres meses antes, treinta familias se habían instalado en otro conjunto residencial con 29 viviendas. Los moradores pusieron a punto los pisos, limpiaron la piscina, adecentaron los garajes y arreglaron los desperfectos. En aquella ocasión, el Ayuntamiento torremolinense llegó a mostrar su «preocupación» por la situación, aunque dejó claro que carecía «de competencias para protagonizar alguna actuación».

Algunas entidades bancarias, obligadas a asumir parte del volumen de pisos construidos sin comercializar, han contratado seguridad privada para evitar ocupaciones; como ocurre en el entorno del hospital Xanit, en Benalmádena. Esta localidad también ha vivido casos de ocupación irregular, como la de avenida del Mar en 2010, situación que se prolongó hasta la demolición del edificio, que antes de la ocupación ya había sido declarado ruinoso.

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