Vélez-Málaga da un nuevo paso para implantar la tasa de basura

Así, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este pasado lunes a la normativa, que aún tendrá que ser debatida y aprobada en una sesión plenaria prevista para finales de este mes. A pesar de que su implantación es obligatoria en toda España, al no haberse aprobado ni siquiera inicialmente la correspondiente ordenanza fiscal municipal reguladora con anterioridad al pasado 31 de diciembre de 2024, no podrá ya entrar en vigor en este ejercicio. Pero sí lo hará en 2026. La previsión era recaudar 3.750.000 euros desde el 1 de mayo y casi 7,2 millones de euros al año, ya que es la cantidad en la que los técnicos han fijado el coste del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Con esta aprobación inicial el gobierno bipartito veleño da un nuevo paso para poder cumplir con el plan de ajuste derivado del plan de pago a los proveedores por el que se abonaron cerca de 6.000 facturas, por valor de casi 13 millones de euros, a finales de 2024. El Consistorio está teniendo que hacer ajustes para cuadrar el nuevo presupuesto de 2025 y cumplir con el Ministerio de Hacienda, que les ha pedido por escrito que remitan el borrador del nuevo documento económico antes del próximo 30 de junio.

El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha detallado este martes que del coste previsto del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, de 7.185.000 euros anuales, el 72,59% será repercutido en las 48.494 unidades catastrales de viviendas existentes en Vélez-Málaga, mientras que el 27,41% restante lo sufragarán 10.216 negocios con actividad económica.

En el caso del nuevo recibo doméstico, cada vivienda tendrá una cuota fija de 62,66 euros anuales, mientras que la parte variable se calculará en función del valor catastral del inmueble, la superficie y la eficiencia ambiental, distribuidas en un 45%, 45% y 10%, respectivamente. Así, la horquilla de precios del nuevo tributo estará entre 101,86 y 135,54 euros por vivienda cada doce meses.

En el caso de la basura industrial, tendrá un coste medio de 112,3 euros al año, mientras que la parte variable se calculará en función de las 13 categorías económicas y la superficie de los establecimientos en metros cuadrados. Está previsto que la aprobación inicial de la nueva ordenanza se lleve al pleno de este mes de marzo, para posteriormente ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para que los interesados presenten las correspondientes alegaciones.

El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha anunciado este martes que se solicitará al Gobierno de España la reducción del tipo impositivo del IBI «para contrarrestar la imposición de esta tasa, y así atenuar el coste adicional que los vecinos deberán soportar». El edil ha considerado en un comunicado que se trata de «una imposición a la que nos obliga el Gobierno de Pedro Sánchez y que no nos queda más remedio que acatar», en un escenario en el que «todas las localidades del país nos vemos afectados y ante el que nos encontramos atados de pies y manos».

El representante municipal ha hecho énfasis en «la disconformidad» ante esta exigencia, «que nos imponen a todas las administraciones locales y a los vecinos sin que tengamos la posibilidad de plantear o rebatir nada, se nos conmina a aceptar y punto», ha expresado Gutiérrez, mostrando su «estupor e impotencia» ante una determinación «que nos muestra un nuevo ejemplo del autoritarismo con el que gestiona nuestro Gobierno a todos los organismos, ellos mandan y nosotros obedecemos».

El concejal de Hacienda ha anunciado que se solicitará al Gobierno de España la reducción del tipo impositivo del IBI para contrarrestar la imposición de esta tasa, aminorando, así, el coste adicional devengado para los vecinos. «Vamos a intentar por todos los medios que el Gobierno rebaje el tipo impositivo, presentaremos las solicitudes que correspondan, dentro de nuestras posibilidades, para que se toque el tipo del IBI y que los vecinos no tengan que pagar más impuestos», ha incidido.

El concejal de Hacienda ha reincidido en que «no es de nuestro agrado tener que implementar esta nueva medida, el objetivo desde nuestra llegada ha sido reducir la carga impositiva a nuestros vecinos», prueba de ello es que no existe en Vélez-Málaga tasa de limpieza viaria, «no se cobra por parte de este Ayuntamiento». «El nuevo tributo que nos ocupa se trata de una imposición del Gobierno de la nación para la recogida y tratamiento de la bolsa que cada día depositamos en el contenedor, algo que ha sido demandado desde Europa, pero que en otros países no se ha aplicado», ha expresado el edil.

El marco normativo bajo el que se ampara corresponde a dos ejes diferenciales. El primero de ellos es la Directiva 2008/98/CE de la Unión Europea, que promueve la economía circular y la jerarquía de residuos por la que se deben regir los estados miembros, esto es, la adopción de medidas eficaces en la gestión de residuos, incentivando la separación de los mismos en origen y penalizando el vertido.

La mencionada cuota, para la que el Ayuntamiento trabaja en materia de cumplimento de la normativa, exige su aplicación de manera específica, diferenciada y no deficitaria antes de abril de 2025. Al respecto, aún restan por determinarse procedimientos y otras vicisitudes a debate sobre la futura aplicación. Según ha quedado expuesto en la Ley estatal 7/2022, el objetivo fundamental es garantizar la sostenibilidad económica y medioambiental del servicio de recogida de basuras, al tiempo que se favorece la separación de residuos para su reciclaje y valorización.

La recaudación de esta futura tasa de residuos ha sido concebida por el responsable municipal de Hacienda como «una nueva forma del Gobierno estatal de asfixiar a la población con impuestos», así lo ha calificado Manuel Gutiérrez, insistiendo en «la indefensión ante la que nos encontramos todas las Administraciones locales». El Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial de Málaga será el responsable de aplicar al cobro una tasa «impuesta, sí o sí, por el Gobierno».

Con respecto al calendario de implantación de la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, la fecha límite de implantación, según la Ley 7/2022, es el 10 de abril de 2025. Antes de esa fecha, el Ayuntamiento debe aprobar y publicar las nuevas ordenanzas fiscales que regulen esta nueva cuota conforme al tratamiento de residuos. La Junta de Gobierno local aprobó en la mañana de ayer la puesta en marcha de la misma, «ya que no tenemos otra salida ante la imposición del Gobierno estatal».

No obstante, el concejal de Hacienda ha incidido en que «vamos a pedir a nuestros gobernantes que reconsideren esta decisión, que supone un nuevo golpe para la ya de por sí lastrada economía de todos nuestros ciudadanos». Gutiérrez ha indicado que, debido a que el Consistorio no aprobó en diciembre de 2024 la aprobación de la tasa, «nuestros vecinos estarán exentos del pago en el actual ejercicio», posponiéndose, en todo caso, al año 2026.

La aprobación seguirá el procedimiento administrativo preceptivo y será llevada a Comisión de Hacienda, paso previo al pleno, en el que todos los miembros de la corporación municipal decidirán su posicionamiento ante una tasa «que ha generado controversia e innumerables disconformidades en los diferentes organismos locales», según el gobierno bipartito veleño, de PP y GIPMTM.