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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que anula el acuerdo del ... pleno del Ayuntamiento de Nerja por el que se aprobó el paso la condición de concejal no adscrito del único edil de la formación UPNER, José García, que fue elegido en las elecciones de mayo de 2019. El acuerdo se adoptó en noviembre de ese año, apenas tres meses después de iniciarse la legislatura, tras recibir el Consistorio un escrito de la comisión de garantías del partido independiente en el que se comunicaba la expulsión de García de la formación UPNER.
Sin embargo, el edil, que fue concejal del PSOE apenas cuatro meses entre junio y octubre de 2015, recurrió a los tribunales en 2020 tras desestimar el Ayuntamiento el recurso de reposición interpuesto por García. Tras un primer fallo judicial que fue desestimado en mayo de 2023, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, el Alto Tribunal Andaluz sí ha estimado su recurso y le ha dado la razón, anulando el acuerdo plenario que le otorgó la condición de edil no adscrito, por lo que dejó de percibir las dotaciones económicas correspondientes, de 1.270 euros mensuales, y tampoco se pudo liberar con portavoz de un grupo municipal en la oposición.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, el TSJA considera que «con relación a la obligación por el Ayuntamiento de revisar las denominadas formalidades extrínsecas, porque el pleno debió limitarse a comprobar que quien remitía el acuerdo de expulsión era el representante del partido político, sino que aún cuando no debiese entrar en el fondo, sí debió de comprobar si el acuerdo de expulsión había sido adoptado por el órgano competente a través del procedimiento establecido y si se había encontrado motivado, conclusión a la que llegó la secretaria municipal, así como el letrado del Ayuntamiento, siendo así que no solo no se siguió el procedimiento establecido en el artículo 18 de los estatutos, sino que además no existía ni el comité ejecutivo, ni la comisión de garantías, pues ésta debe ser nombrada por aquel».
Asimismo, el Alto Tribunal Andaluz justifica su sentencia en que «como se reconoce en el informe emitido por el letrado del Ayuntamiento, el acuerdo recurrido no se ajusta a derecho, pues quien debía de decidir la expulsión era el comité ejecutivo, por venirle reconocida la competencia para ello en el artículo 34 letra B de los estatutos, y no la comisión de garantías, que únicamente es competente para nombrar al instructor, pero no para resolver los expedientes disciplinarios».
Por su parte, este fallo judicial, que es firme, al no haber interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, con mayoría absoluta, va a ser abordado en el pleno ordinario previsto para este jueves en el Consistorio nerjeño. Así, en la propuesta que presenta la concejala de Hacienda, Ángela Díaz (PP), se recoge que se acuerda «cumplir a puro y debido efecto el pronunciamiento de dicha sentencia 1445/2024 resuelta por la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga, tomando razón, en consecuencia, que han quedado anulados sus acuerdos indicados en el antecedente primero de la presente».
Por su parte, García, que se presentó de nuevo a las elecciones municipales de mayo de 2023 por UPNER, sin obtener representación en la corporación, ha mostrado a este periódico su «satisfacción» por este fallo judicial y ha estimado que la ejecución de la sentencia supondrá que el Ayuntamiento tiene que indemnizarle con una cantidad que «va a rondar los 150.000 euros». No obstante, en la sentencia no se hace constar cantidad económica alguna. Por este motivo, el exedil independiente ha registrado un escrito en el Consistorio con su solicitud de cantidades.
«Tengo además previsto demandar por prevaricación a todos los que votaron a favor de mi expulsión, al PP, Ciudadanos y Vox y voy a reclamar mi liberación, ya que podría haber estado cobrando un sueldo», ha expresado García, quien también ha asegurado que emprenderá «acciones legales» contra los exintegrantes de UPNER que lo expulsaron «por falsificación de documento público». «Con el dinero que perciba el partido podemos hacer donaciones y vamos a volver a presentarnos en las elecciones de mayo de 2027», ha apostillado.
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