Rincón de la Victoria homenajea a las 37 víctimas del submarino republicano C-3 hundido en las costas del municipio

En el submarino viajaban 37 marineros, en su mayoría procedentes de Cartagena, según ha relatado el abogado malagueño Antonio Checa, que ha asistido al acto junto a las autoridades locales, y que fue quien localizó, a finales de 1996, los restos del submarino en el fondo del mar, a 68 metros de profundidad, a unas 3,9 millas al sur del puerto de El Candado y a siete millas al sureste de la Farola de Málaga.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha reconocido «el valor de los marinos que fallecieron en acto de servicio, y que tratándose de un buque de guerra naufragado, es norma y costumbre internacional proporcionar el mayor reconocimiento a las dotaciones fallecidas». Asimismo, ha transmitido sus condolencias a familiares, y ha destacado «la importante labor de investigación realizada por Antonio Checa para conocer la ubicación del C-3 y esclarecer este episodio sucedido, tal día como hoy, que forma parte de nuestra historia reciente«. Junto a la placa conmemorativa, en memoria de las 37 personas fallecidas, cuyos cuerpos siguen en el fondo del mar, se ha colocado una corona de laurel y flores blancas.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria aprobó, por unanimidad y a propuesta del grupo municipal socialista, el pasado 1 de junio la organización de estos actos. La moción presentada también recogía instar al Ministerio de Defensa para que lleve a cabo las labores de recuperación de los restos del submarino C3 y de los restos de los marineros fallecidos, que ha sido rechazada «debido a que se trata de un buque de guerra de la Armada Española, Buque del Estado, y por tanto objeto de consideración del dominio público estatal conforme a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas».

Según la respuesta ministerial, el C3 fue un buque que se hundió probablemente torpedeado por el submarino alemán U-34, por lo tanto en acción de guerra, «y acogiéndose al artículo 2 de la Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2 de noviembre de 2001, ratificada por España en 2009, establece que el deber de los Estados es proteger y preservar dichos bienes; la opción prioritaria de la conservación in situ antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a su extracción, así como «velar porque se respeten debidamente los restos humanos, evitando su perturbación innecesaria». El Consistorio rinconero trasladó la moción municipal a la Asociación de Familiares de las Víctimas del submarino C3, con sede en Cartagena, de donde procedía el 90 por ciento de los fallecidos.