El presidente de la Mancomunidad oriental declara ante el juez por el caso de las dietas

Campos mantiene que corresponden a los días que estuvo ejerciendo desde su elección hasta que comenzó a cobrar el sueldo como liberado

Agustín Peláez
AGUSTÍN PELÁEZ

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía y alcalde de Iznate, Gregorio Campos (PSOE), declaró ayer como investigado en un Juzgado de Vélez-Málaga por el presunto cobro irregular de 598,4 euros en concepto de dietas, entre el 9 septiembre y el 28 octubre de 2015, a raíz de una denuncia presentada por la formación independiente Por Mi Pueblo ante la Fiscalía y que el Ministerio Público remitió al juzgado.

El vocal Por Mi Pueblo y alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía por entender que el dirigente socialista habría presuntamente incurrido en delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación, y que podría tratarse de un sobresueldo encubierto.

Campos manifestó ayer a este periódico, mantuvo ante el juez que esas dietas correspondían a los días en los que estuvo ejerciendo como presidente de la Mancomunidad, desde que fue elegido, el 9 de septiembre, hasta el 28 de octubre de 2015, fecha a partir de la cual comenzó a cobrar el sueldo como liberado, de 41.000 euros anuales.

El presidente de la entidad mancomunada explicó asimismo que tales gastos están fiscalizados e intervenidos y cuentan con la correspondiente consignación en el presupuesto de la Mancomunidad. Según explicó, hay consignados 200.000 euros para dietas y gastos de representación, pero dijo también que por lo que respecta a la presidencia en estos cuatros años de legislatura sólo ha utilizado la cantidad 6.400 euros.

Campos declaró que confía plenamente en la justicia e insistió en que el vocal de Por Mi Pueblo conocía desde un primer momento con todo detalle este asunto desde 2015, que fue cuando se emitieron por parte de los altos funcionarios de la Mancomunidad los primeros informes al respecto.

Junto al presidente de la Mancomunidad de la Axarquía también tuvo que declarar como investigado el interventor general de la entidad.