La Fiscalía reduce a la mitad los investigados por el caso del vertedero de Nerja

En el vertedero del río de la Miel se acumularon 800.000 metros cúbicos de residuos durante 16 años. /E. C.
En el vertedero del río de la Miel se acumularon 800.000 metros cúbicos de residuos durante 16 años. / E. C.

El Ministerio Público excluye a tres exediles del PP y a un concejal del PSOE y señala como presuntos responsables civiles subsidiarios a la Junta y el Ayuntamiento

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

De más de cuarenta a apenas una veintena. Esta es la reducción en el número de investigados que ha experimentado el caso del vertedero ilegal del río de la Miel de Nerja, que desde principios del pasado año instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox. Tras tomarle declaración a todos ellos, empresarios, políticos y expolíticos, en los últimos meses, la Fiscalía Provincial de Málaga ha remitido al juez un escrito en el que propone excluir del procedimiento a una veintena de personas, en su mayoría empresarios vinculados a las seis sociedades investigadas, así como a tres exediles del PP, Jonathan Méndez, José Alberto Tomé y Antonio García; el concejal de Infraestructuras, José María Rivas (PSOE), y el delegado territorial de Medio Ambiente, Adolfo Moreno.

En el escrito, firmado el pasado día 13 de julio y al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Público propone mantener la imputación por los presuntos delitos contra el medio ambiente, prevaricación ambiental omisiva y prevaricación administrativa, contra los administradores de las sociedades, así como contra el que fuera alcalde de Nerja entre 1995 y 2015 y actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo (PP), la alcaldesa nerjeña, Rosa Arrabal (PSOE), los ediles populares del PP Nieves Atencia y José Miguel Jimena; el concejal de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU), y la secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, Carmen Molero.

Mantiene la imputación contra siete empresarios, el exalcalde, la regidora y tres ediles de PP e IU

«Entendemos, igualmente y en consonancia con todo lo anterior, que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía deben permanecer en la causa como posibles responsables civiles subsidiarios, con arreglo a lo establecido en el artículo 121 del Código Penal», recoge el escrito del Ministerio Público, en el que se recuerda que el informe pericial de la Unidad Técnica adscrita a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, de fecha 6 de marzo de 2018, «no viene si no a confirmar lo ya antes indicado, por cuanto, al margen de incidir sobre los graves incumplimientos de la normativa ambiental que el vertedero supone, afirma con rotundidad la existencia de un elevado riesgo de alteración en el equilibrio de los sistemas naturales, el riesgo de alteraciones sistemáticas sobre el medio natural, las afecciones patentes sobre el paisaje, el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el notable riesgo de incendio forestal en el interior de un espacio natural protegido y el riesgo de causar daños sustanciales a la calidad de las aguas, del suelo, de las formaciones vegetales y fauna asociada, e incluso a la salud de las personas».

Cabe recordar que el vertedero ilegal del río de la Miel funcionó durante 16 años, entre junio de 1998, cuando fue autorizado por el entonces alcalde, y septiembre de 2016, cuando fue cerrado por orden del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a raíz de las denuncias de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Andalucía (AGRECA). En esos años, el vertedero fue objeto de al menos cinco expedientes sancionadores por parte de la Junta de Andalucía, sobre los que se declaró la caducidad.

Retira dos presuntos delitos

En su escrito, el fiscal alude a la declaración de un funcionario de la Administración andaluza, el jefe del Departamento de Residuos en Málaga, Fermín Castro, quien insistió ante el juez «en el peligro que el vertedero suponía para los acuíferos subterráneos, hasta el punto de merecer mención específica en el Atlas Hidrogeológico de la provincia, diciendo que existe ese vertedero que es un peligro de contaminación para las aguas subterráneas», recoge el escrito.

El fiscal entiende que no se puede seguir manteniendo la investigación sobre los presuntosdelitos de falsedad documental y estafa. Sobre el primero considera que «no se ha podido acreditar que existiera dolo falsario en la emisión de certificaciones a las empresas que acudían a las gestoras del vertedero para acreditar el destino de los residuos». Sobre el delito de estafa, «tampoco ha quedado acreditado que el vertedero produjera directamente un beneficio económico a las empresas que lo gestionaban, siendo su beneficio el de disponer de un lugar cercano donde verter residuos propios de su actividad que les permitiese no incrementar los costes».

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