Borrar
Imagen de las canalizaciones de aguas fecales al mar sin depurar en Nerja. SUR

IU estudia denunciar al Estado por «dejación de funciones» en materia de depuración en Málaga

El Ayuntamiento niega su responsabilidad en los vertidos de aguas fecales y recuerda que la depuradora está declarada de interés general del Estado desde 1996

Juan Cano y Alvaro Frías

Málaga

Sábado, 23 de marzo 2019, 00:34

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La 'operación Vastum' continúa generando reacciones en todos los ámbitos. Las imágenes de los vertidos de aguas fecales en Nerja sin depurar han desatado una oleada de comentarios en las redes sociales. En la localidad más oriental de la provincia no se habla de otra cosa desde que el pasado miércoles SUR publicara en exclusiva los primeros datos de las diligencias practicadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por las que se investiga, de momento, a 16 personas, entre cargos y excargos públicos y directivos de una empresa de aguas, en Nerja y Coín.

IU, que gobierna en Nerja junto al PSOE y EVA-Podemos, anunció ayer que estudia emprender acciones legales contra el Estado «por dejación de funciones en materia de depuración de aguas, al no haber terminado aún las obras de las depuradoras pendientes en Málaga», según anunció en una comparecencia en la Mancomunidad Oriental-Axarquía el coordinador provincial de la formación, Guzmán Ahumada.

El líder malagueño participó en un encuentro de apoyo a los concejales de esta coalición en el Consistorio nerjeño, después de que el titular de Medio Ambiente, Jorge Bravo (IU), haya sido llamado a declarar como investigado por la situación en la que se encuentra la depuración de las aguas en el municipio axárquico.

«Durante 20 años, tanto IU como movimientos ecologistas y ciudadanos, hemos venido denunciando la incapacidad de las administraciones para poner en marcha la depuración de las aguas en Nerja, cuya depuradora no está aún finalizada», manifestó el parlamentario, al tiempo que lamentó que «la dejadez e incompetencia del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación, la quieren hacer pagar a los ayuntamientos».

Ahumada consideró «inadmisible» que la depuradora de Nerja siga sin estar en funcionamiento después de más de dos décadas, «porque los distintos gobiernos centrales de PSOE y PP prefirieron regalar miles de millones a los bancos en lugar de trabajar por lo que está declarado como de interés general». No obstante, el parlamentario de IU apuntó que esta situación de ausencia de vertido cero «se está dando en otros muchos puntos de la provincia». Por último, anunció que están promoviendo una mesa de trabajo para que las tres administraciones establezcan presupuestos para alcanzar el vertido cero.

Por su parte, desde el Consistorio nerjeño, gobernado en minoría por PSOE, IU y EVA-Podemos, difundieron un comunicado en el que reiteraron que «ninguna responsabilidad tiene este Ayuntamiento en que este municipio no cuente aún con depuradora». «Desde hace décadas la corporación municipal viene poniendo todos los medios a su alcance para conseguir dotar al municipio con dicha instalación», manifestaron, al tiempo que detallaron que las obras corresponden al Gobierno central, al estar declaradas de Interés General del Estado desde 1996.

«En el procedimiento sancionador por incumplir la directiva europea no se apreció responsabilidad concurrente», afirman

Los trabajos se iniciaron en enero de 2014, con un plazo de ejecución inicial de 30 meses. Sin embargo, más de cinco años después aún no están finalizadas. Así, aludieron al acuerdo de diciembre de 2018 de inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad por el incumplimiento de la directiva europea en esta materia, en el que se señala que «sin que se aprecie, en principio, una responsabilidad concurrente», correspondiendo «exclusivamente» a la Administración General del Estado la construcción de la depuradora. En su comunicado, el Consistorio aludió a las dificultades que se ha encontrado el proyecto de la primera estación desde que fue adjudicada la redacción y ejecución en 2012. Así, hicieron referencia a las «severas divergencias» entre el anteproyecto y el proyecto, además de a los problemas financieros de la empresa adjudicataria.

El Consistorio aclaró, que en todas estas décadas «sólo se han producido tres prohibiciones de baño, de corta duración y en muy concretos lugares del litoral, sin que ninguna de ellas haya llegado a afectar a espacios protegidos», remarcaron. «Y las autoridades sanitarias han venido calificando anualmente nuestras playas y sus aguas como 'aptas' para el baño y, en la mayoría de las ocasiones, con la categoría de 'excelente'», añadieron. Nerja, Coín, Alhaurín el Grande y Cártama son los cuatro únicos municipios de la provincia de más de 15.000 habitantes que no depuran sus aguas.

Las denuncias de ecologistas abren procesos en Huelva, Granada y Almería

Las denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción en distintas provincias andaluzas, al detectar que a pesar de que la Junta cobra desde 2011 un canon de depuración, hay numerosos municipios donde no se tratan las aguas residuales, no sólo han conllevado la apertura de diligencias por parte del Seprona de la Guardia Civil en Nerja, Coín y Alhaurín el Grande.

Al menos en las provincias de Huelva, Granada y Almería hay en marcha procedimientos judiciales en distintos grados por hechos similares. Así, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte (Huelva) ha dictado hace unos días un auto de transformación en procedimiento abreviado frente a doce cargos públicos de Medio Ambiente de la Junta por el vertido de aguas residuales y fecales que se viene realizando, al menos desde 2015 y hasta la actualidad en el paraje natural protegido de las Marismas de Isla Cristina, procedentes de la barriada Pozo del Camino.

Tras la instrucción de la causa, el juez considera que existen indicios racionales para imputar la comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, con grave perjuicio para el equilibrio del ecosistema, delito que está penado con pena de prisión de hasta cinco años, multa e inhabilitación especial.

Por su parte, los alcaldes de 13 municipios del área metropolitana de Granada, como Churriana de la Vega, Ogíjares, Peligros o Atarfe, tendrán que afrontar por primera vez las posibles responsabilidades penales de los vertidos de aguas residuales sin depurar. Tras una larga investigación, la Fiscalía ha presentado en los juzgados una tanda de querellas por posible delito ecológico contra los máximos representantes de estas localidades que están causando «daños sustanciales» al medio ambiente.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado los vertidos «contaminantes» que desde hace tiempo está realizando la SAT Cítricos de Andarax, con sede en Gádor, al cauce del río Andarax, en Almería. Según el colectivo verde, en junio del 2017, la Junta y la Mancomunidad anunciaron que el fin de los vertidos había llegado. «Parecía que con la conexión de los municipios a la depuradora del Bobar en Almería iban a terminar con el problema, pero nada que ver con la realidad», dijeron.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios