Desestiman los recursos de parte de los investigados en el caso del vertedero

Las defensas de la alcaldesa y el edil de Medio Ambiente, los empresarios y una funcionaria de la Junta pueden ir a la Audiencia

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha desestimado íntegramente los recursos de reforma presentados por las representaciones legales de varios de los investigados en el caso del vertedero ilegal del río de la Miel, en el que están procesados, entre otros, la alcaldesa de Nerja, la socialista Rosa Arrabal, su antecesor en el cargo entre 1995 y 2015 y candidato el próximo día 26 de mayo, José Alberto Armijo (PP), así como los ediles Jorge Bravo (IU), Nieves Atencia (PP) y José Miguel Jimena (PP).

Según consta en un auto al que ha tenido acceso SUR, el magistrado rechaza también los argumentos esgrimidos por los representantes procesales de los siete empresarios del sector de la construcción que durante casi dos décadas vertieron sus escombros en este enclave, en el que entre junio de 1998 y septiembre de 2016 se acumularon alrededor de 800.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, en una superficie de más de 36.000 metros cuadrados, en pleno parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Igualmente, desestima el recurso de la que fuera secretaria de la Delegación de Medio Ambiente, Carmen Molero.

Este auto llega cuatro meses después de que el pasado enero el magistrado torroxeño dictara un auto de procesamiento, mediante un procedimiento abreviado, contra estos cinco cargos públicos del Ayuntamiento de Nerja, la exresponsable de la Junta de Andalucía y el Consistorio nerjeño. Las partes pueden recurrir ahora ante la Audiencia Provincial, con un recurso de apelación.

Según ha podido saber este periódico, la alcaldesa tiene intención de hacerlo. Por su parte, la representación legal de Armijo ya lo habría hecho, alegando que las diligencias judiciales no tendrían que haberse dado por finalizadas. El juez de Torrox entiende que los investigados podrían haber cometido presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de prevaricación administrativa.

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