«Apenas la cuarta parte de los ayuntamientos cumplen con el reciclaje de escombros»

El presidente de AGRECA, en la asamblea en la fue elegido. /SUR
El presidente de AGRECA, en la asamblea en la fue elegido. / SUR

Pedro de Toro, presidente de la asociación AGRECA

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

Pedro de Toro acaba de cumplir su primer año al frente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA), un colectivo que agrupa a 23 firmas de la comunidad dedicadas al tratamiento de los escombros de obra. Este cordobés de 54 años se lamenta de que apenas la mitad de los ayuntamientos andaluces cumplen con la normativa nacional que desde 2008 obliga a tener una ordenanza municipal para el control de estos residuos, y de este porcentaje que sí la tienen, menos de la mitad la cumplen a rajatabla. Este próximo viernes celebran en el Hotel NH de la capital su asamblea anual.

–¿Cuándo nace AGRECA?

–Se fundó en 2008, a raíz de la entrada en vigor de la normativa estatal y del Real Decreto 105/2008, que fue el que generalizó la obligación de tratar adecuadamente los residuos de la construcción y demolición. Hasta ese momento había normas, pero eran más laxas. Actualmente somos ya 23 empresas de todas las provincias andaluzas, excepto Huelva. Precisamente fueron Málaga y Granada las pioneras en este sector, con las empresas que llevan más años trabajando.

–¿Cuál es la situación general?

–Evidentemente se ha avanzado en estos diez años, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Los residuos de la construcción son los segundos más importantes que se generan en España, sólo superados por los urbanos, con una media de una tonelada por habitante y año. Estos residuos son reciclables casi al 100%, porque en su mayoría son áridos. El problema es que las administraciones llevan demasiado tiempo relajadas. La estatal y la autonómica sí han avanzado, pero el problema lo tenemos en los ayuntamientos. Apenas una cuarta parte de los consistorios cumplen a rajatabla, exigiendo un aval en las obras, que sólo se devuelve cuando se ha acreditado que se ha hecho un correcto tratamiento de los residuos.

El máximo responsable del colectivo andaluz que agrupa a 23 empresas de gestión de residuos de la construcción lamenta que «quien contamina paga, pero poco»

–¿Por qué cree que ocurre esto?

–Antes a los políticos los escombros no les preocupaban, y en la inmensa mayoría de los casos se ha mirado para otro lado, permitiendo vertidos en cauces, carriles, antiguas canteras, barrancos o cañadas reales. Lo de exigir un aval es además algo impopular para los políticos, pero la gente se tiene que dar cuenta de que se trata del respeto al medio ambiente, igual que te piden un aval para garantizar que no se producen daños en la calle durante las obras. Es verdad que la situación no es igual en todos lados, y en general los municipios más grandes son más cumplidores, aunque tenemos excepciones, como Málaga capital, donde sorprendentemente aún no se ha aprobado una ordenanza.

–¿Existen suficientes plantas de tratamiento en Andalucía?

–Es cierto que es una queja generalizada en el sector, pero en los casos en los que son zonas más alejadas, la normativa permite crear plantas de transferencia, donde se realizan acopios de materiales y cuando hay una cantidad determinada se trasladan a la empresa autorizada como gestor de residuos. Este es un negocio rentable si hay un flujo suficiente de residuos. Son instalaciones costosas, en las que el precio del material de salida depende de cuanto entre. Pero las normativas tienen que seguir avanzando para potenciar el uso de áridos reciclados, es algo fundamental.

–¿Por qué se han producido casos como el vertedero ilegal de Nerja?

–Es un ejemplo muy claro de lo que decía antes, un ayuntamiento que autoriza en un momento determinado a verter escombros en una cantera, pero que luego no se inspecciona, ni consigue las autorizaciones. Las normas van cambiando y hay nuevas exigencias. En este caso había una serie de empresas que presuntamente lo gestionaban, pero que no estaban dadas de alta como gestores autorizados. El asunto está bajo investigación judicial y esperamos y confiamos en que los responsables paguen por ello.

«Hacen falta más medios humanos en la administración para acabar con los vertidos»

–¿Hay más casos así en Andalucía?

–Tenemos otro también muy grande en San José de la Rinconada, en Sevilla, pero es un terreno privado. Lo grave del caso de Nerja es que era una zona pública y protegida dentro de un parque natural. Lamentablemente hay más escombreras ilegales en Andalucía y esperamos que las autoridades actúen. Lo peor de todo es que aunque la ley dice que el que contamina paga, yo digo que sí, pero poco.

¿Cree que hay suficientes medios en las administraciones para acabar con esta situación?

–El Seprona de la Guardia Civil es el que más lucha para acabar con estos vertederos, pero hacen falta más medios humanos en la administración. Falta muchísimo personal, además de más conciencia ciudadana.

–¿Cómo va el proyecto 'Brick-Beach' de Vélez-Málaga?

Muy bien, es algo totalmente pionero, una planta de tratamiento para usar los áridos para regenerar las playas. Estamos implicados el Ayuntamiento, la Universidad y el Aula del Mar. Esperamos abrirla pronto.

 

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