El alcalde declara como investigado tras una denuncia de la empresa del 'parking'

Aparcamiento La Almedina. /E. C.
Aparcamiento La Almedina. / E. C.

La concesionaria de La Almedina se querella contra el gobierno del PP por permitir los aparcamientos «ilegales» en el entorno del recinto

Eugenio Cabezas
EUGENIO CABEZAS

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), está citado a declarar hoy como investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad como consecuencia de una querella interpuesta por la empresa concesionaria del aparcamiento de La Almedina, un recinto de 385 plazas que fue inaugurado a finales de 2008. La empresa denuncia que el Ayuntamiento no está actuando para frenar los aparcamientos «ilegales» en el entorno del 'parking', en cuya ejecución invirtieron más de siete millones de euros.

En su querella, la firma sostiene que «la inacción del Consistorio con el aparcamiento generalizado no es ya solo una cuestión contractual (que también), sino una cuestión de orden público, un incumplimiento por su parte de las más elementales atribuciones y responsabilidades que la corporación local tiene asignadas». «El Ayuntamiento de Torrox debe velar por el Estado de Derecho, porque las normas se cumplan y la legalidad impere. Y es patente y notorio, que no lo está haciendo, en flagrante, grave e injustificable dejación de sus funciones y obligaciones», añade.

Este procedimiento judicial en la vía penal se produce después de que en septiembre de 2017 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital desestimara la demanda interpuesta para que el Consistorio torroxeño indemnizara con más de 33 millones de euros a la empresa por las pérdidas acumuladas desde su apertura. Esta resolución ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

«Pésima gestión del PSOE»

Por su parte, el alcalde dijo a SUR que está «absolutamente tranquilo» por esta citación judicial, «ya que el Ayuntamiento cumple, y así lo ratifica un informe de la Policía Local». «No hay absolutamente nada, ningún delito, esto es consecuencia de una pésima gestión del anterior alcalde socialista, Francisco Muñoz, que firmó un convenio para construir un aparcamiento en un sitio donde no hay demanda suficiente de plazas y en el que no caben las furgonetas ni camiones pequeños». «El PSOE quería comprarlo por cinco millones de euros, pero nosotros no vamos a ser quienes paguemos por una mala decisión de ellos. Los tribunales ya nos han dado la razón y espero que sigan así», dijo.

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