La exalcaldesa de Vélez se acoge a su condición de aforada para no declarar en el juzgado

Arroyo fue alcaldesa entre octubre de 2008 y mayo de 2011/
Arroyo fue alcaldesa entre octubre de 2008 y mayo de 2011

Salomé Arroyo acredita que es parlamentaria y solicita que la denuncia por la compra municipal de la Casa del Mercader sea trasladada al TSJA

EUGENIO CABEZAS

La que fuera alcaldesa de Vélez-Málaga entre octubre de 2008 y mayo de 2011 y parlamentaria andaluza del PSOE desde el pasado verano, María Salomé Arroyo, se acogió ayer a su condición de aforada para no comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de la capital de la Axarquía, que la había citado, en calidad de imputada, a raíz de una denuncia interpuesta por el regidor veleño, el popular Francisco Delgado Bonilla, por supuestas irregularidades en la compra de la Casa del Mercader, un inmueble del centro histórico, en abril de 2011, por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda de Vélez-Málaga (Emvipsa).

El abogado de la parlamentaria andaluza registró, a los pocos días de recibir el auto con la citación judicial, un escrito en el que acreditaba la condición de aforada de su cliente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su condición de miembro del Parlamento Andaluz desde junio de 2013. Con ello, el magistrado, Roberto Rivera, acordó anular su citación y proseguir con las diligencias abiertas.

«En caso de que tras tomarle declaración a los otros imputados, el juez considere que hay indicios de que haya podido cometer un presunto delito, se inhibiría para elevar el procedimiento al TSJA, que sería el órgano competente para instruirlo y juzgarlo, no sólo a ella sino a todos los posibles imputados», dijeron ayer a SUR fuentes judiciales. Este periódico intentó sin éxito contactar con Arroyo. La parlamentaria ya manifestó el pasado domingo que ella no tenía que acudir ayer a declarar a Vélez.

Según consta en la denuncia presentada por el alcalde veleño, los técnicos que han evaluado la gestión de Emvipsa consideran que la compra de la Casa del Mercader pudo conllevar la comisión de hasta tres presuntos delitos: malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación, ya que la cantidad que se abonó a los propietarios del inmueble, que rondó los 600.000 euros, «estaba muy por encima del valor del mercado». Hoy está citado por el mismo proceso, a las 10.00 horas, el portavoz de IU y ex edil de Urbanismo, Salvador Marín.