Torres Hurtado, por primera vez al borde del banquillo procesado por ocho delitos

La causa pasa ahora a la antesala del juicio, en la que las seis acusaciones personadas y la Fiscalía habrán de perfilar los delitos que en opinión de cada una cometieron los 17 investigados que compartirían banquillo. Eso sucederá si todos acaban acusados formalmente. Una vez que las partes acusadoras emitan sus correspondientes calificaciones, en las que habrán de desgranar las conductas irregulares que ven en la construcción de la polémica discoteca del Serrallo y fijar las penas que se soliciten, será cuando se decrete la apertura de juicio oral. Previsiblemente, el enjuiciamiento será en la Audiencia, dada la entidad de algunos de los ilícitos investigados, que acarrean penas de prisión superiores a 5 años.

Este trámite procesal deja al exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, también como otros implicado en el 'caso Nazarí', al borde del banquillo. Nunca antes había estado tan cerca de tener sentarse ante un tribunal por el posible alcance penal de sus actos y decisiones mientras ostentó el bastón de mando de la ciudad.

El exregidor popular encabeza la larga lista de procesados -en realidad siguen siendo investigados hasta tanto no sean acusados oficialmente- contra quienes la jueza aprecia indicios de un total de ocho posibles delitos: prevaricación urbanística -de este ve dos-, prevaricación común, contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y cohecho.

Según se desprende del auto, no todos los delitos se atribuyen indiciariamente a todos los implicados. El de cohecho sólo se achaca al promotor de la discoteca, Roberto García Arrabal, y al ex jefe de Obras, Manuel Lorente Sánchez Palencia. El motivo es que un hijo de Lorente fue contratado por el empresario, «haciendo uso ambos, -dice la jueza- presuntamente, de un respectivo trato de favor».

Asimismo, del segundo delito de prevaricación urbanística, sólo se apuntan indicios contra el exregidor y todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que, el 26 de julio de 2012, votaron a favor -por unanimidad- de los horarios y usos complementarios de este expediente urbanístico.

Se trata de nueve concejales populares, de los que seis siguen actualmente en activo: Juan Antonio Mérida (exedil), Isabel Nieto (exedil), Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Vicente Aguilera (es teniente de alcalde en Ogíjares), Juan Antonio Fuentes Gálvez, Curro Ledesma y María Francés. También se incluye en este grupo al interventor municipal, Francisco de Paula Aguilera. Sobre estos, la jueza señala que, como miembros, «no pueden limitarse a votar» -siempre se han escudado en que había informes técnicos favorables-, sino que «deben estar debidamente ilustrados» antes de hacerlo. En este punto, la instructora recuerda que así lo estableció la Audiencia en otro caso, que no menciona expresamente pero que es el caso Nevada. Se da la circunstancia de que por los mismos motivos que este grupo de procesados llegó a estar investigada la exsecretaria general del Consistorio, Mercedes López Domech, pero finalmente , en junio del año pasado, se dio carpetazo sólo para ella.

Los implicados se podrían dividir en dos grandes grupos según su nivel de participación. El primero estaría integrado por los ocho principales investigados, que serían: el exalcalde, la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto; el promotor de la obra, Roberto García Arrabal; la exdirectora general de Urbanismo, María Paz Spínola; el exjefe de Obras, Manuel Lorente Sánchez Palencia; el excoordinador del área; el exdirector general de Licencias; y el que fuera arquitecto jefe del Servicio. El segundo, lo integrarían los miembros de aquella junta de gobierno local y el interventor. Si se suman todos los delitos en los que se aprecia la presunta participación de Torres Hurtado, serían ocho, pues su nombre figura en el delito que se repite: la prevaricación urbanística.

En este caso se ha investigado la construcción de una dicoteca-sala de fiestas y una pista de patinaje donde en teoría -y según el PGOU- debió hacerse un parque de atracciones infantil, beneficiando de este modo -siempre presuntamente- al promotor de la obra, Roberto García Arrabal. En la resolución, que puede ser recurrida ante el propio juzgado en los próximo tres días, la jueza considera que son posibles responsables civiles o partícipes a título lucrativo los representantes legales y administradores de las sociedades Taler Real State S.L. -concesionaria de las instalaciones-, Multiaventuras Serrallo Plaza y Upper Club. Esta última empresa fue la primera que explotó la discoteca, pero tras declararse en concurso de acreedores, el negocio acabó en manos del empresario Abel Pizarro y su empresa Sky Club Serrallo Plaza. Fue tras una subasta en la que pagó unos 400.000 euros que ahora exige a través de una reclamación patrimonial ante el Ayuntamiento. Y es que el local fue clausurado -lleva cerrado desde 2016- y recientemente se ha dejado sin efecto el contrato.

Para la jueza, el exalcalde, presuntamente, «tenía conocimiento absoluto en la operación especulativa (...) y existen indicios de su participación en ella». Y es que aunque declarase que lo tenía todo delegado, «participaba activamente en la toma de decisiones», pues en el Consistorio existía, una supuesta «estructura de poder paralela al organigrama oficial». El auto destaca también que «ni el alcalde ni el equipo de Gobierno han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística».