El Supremo deja sin futuro el atraque de grandes cruceros en el Puerto de Sevilla

Varios cruceros atracados en el muelle de las Delicias./SUR
Varios cruceros atracados en el muelle de las Delicias. / SUR

El alto tribunal tumba por segunda vez el dragado del Guadalquivir al alertar del peligro que entrañaría para Doñana

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El sueño de Sevilla de ver atracar en su histórico puerto a grandes barcos de cruceros cargados de turistas se queda sin futuro. El Tribunal Supremo ha tumbado por segunda vez el proyecto de profundización y ensanchamiento del canal de navegación del Guadalquivir, desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hasta el puerto de la capital andaluza. El principal obstáculo para el sueño sevillano es el propio estuario de la desembocadura del río, que linda con el parque nacional de Doñana.

El sueño alimentado por la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Confederación de Empresarios de esta ciudad se ha encontrado siempre de frente a los ecologistas. La asociación WWF Adena ha logrado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo vuelva a darle la razón y entienda que las medidas de protección ambiental y las razones de utilidad pública que se argumentan para ahondar al menos un metro la profundidad del cauce y ensanchar este otros cuantos metros para que puedan navegar buques de gran tonelaje, no garantizan la protección del espacio de Doñana, uno de los más protegidos de Europa.

El paso de los grandes cruceros de turistas o barcos de mercancías provocarían movimientos de las masas de agua que afectarían a los márgenes del río a su paso por Doñana y por sus 80 kilómetros navegables, pudiendo modificar su ecosistema a largo plazo. El Tribunal Supremo ya había volteado la iniciativa en 2015, tras más de una década de polémicos argumentos a favor y en contra, incluida en el Plan Hidrológico del río Guadalquivir. El Gobierno de España acomete una reforma del citado plan hidrológico en un decreto de enero de 2016, estando en funciones el ejecutivo de Mariano Rajoy y con Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura y Medio Ambiente.

En ese plan intenta colarse otra vez el dragado con ajustes medioambientales y la declaración de utilidad pública (basados en el empleo, desarrollo de la ciudad de Sevilla y entorno y disminución de siniestralidad del transporte por carretera). El Supremo considera en su sentencia de nulidad que dicha medida requiere una justificación de «mayor grado de intensidad» que la realizada por la Administración, al afectar a un espacio especialmente protegido como es el Parque Nacional de Doñana. El tribunal censura que el plan recoge medidas «imprecisas» y no incluye el contraste necesario con los efectos y riesgos que el dragado representa para el ecosistema afectado, como sí advierten otros informes científicos, uno del CSIF.

La polémica sobre el dragado del Guadalquivir ha sido constante en Sevilla en los últimos años. La presión ecologista, unida a la de organismos internacionales, hizo que doce meses después de que Tejerina diera el visto bueno al plan hidrológico, su Gobierno, de acuerdo con la Junta de Andalucía (gobernada entonces por Susana Díaz) comunicara a la UNESCO que no se iba a acometer dragado alguno. Pese a ello el dragado sigue en la cabeza de muchos empresarios sevillanos.

Todos los alcaldes de la ciudad durante la polémica, desde el socialista Alfredo Sánchez-Monteseirín, el popular Juan Ignacio Zoido, o el último, el también socialista Juan Espadas, se han expresado a favor del dragado. Eso sí, todos dicen anteponer lo medioambiental a la economía y dicen confiar en soluciones ecológicas al estuario para que puedan pasar los buques. Para Juan Carmona, de WWF Adena, la sentencia deja sin futuro al proyecto de convertir el río en una autopista de cruceros y ruega a las administraciones que no intenten recolocarlo otra vez.