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La suerte está echada en el juicio de los ERE y las partes no tienen clara la quiniela

SUR

SEVILLA.

Miércoles, 26 de diciembre 2018, 00:02

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Ni acusados ni abogados de una y otra parte se atreven a vaticinar por dónde respira el tribunal que durante más de un año ha juzgado a 21 ex altos cargos de la Junta en el caso ERE, cuyo fallo tardará más de 6 meses ante la complejidad de un proceso recogido en 690 vídeos de las 152 sesiones, según Efe.

Los letrados más veteranos aseguran que no son capaces de vislumbrar hacia dónde se inclinarán los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pilar Llorente, Encarnación Gómez y el presidente y ponente de la sentencia Juan Antonio Calle por su forma de reaccionar en el juicio a los testimonios de los acusados, los más de 120 testigos y los nueve peritos que durante seis semanas contrapusieron interpretaciones doctrinales opuestas.

Las apuestas oscilan entre una absolución general; una absolución genérica del delito de malversación, al no haberse juzgado qué cuantías se han distraído y en qué ayudas (de hecho una de las acusaciones, Manos Limpias, retiró este delito); y una condena general por prevaricación, o selectiva de los excargos de Empleo.

La gran pregunta es, en caso de condena, «dónde hará el corte» el tribunal de la responsabilidad en el diseño de un «procedimiento específico» usado durante una década para dar ayudas sociolaborales a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles y, según las acusaciones, facilitando que fueran a fines ajenos al previsto, analizados en las piezas separadas de cada ayuda.

Para sustentar la prevaricación, el tribunal debe admitir las tesis de los peritos de la Intervención Estatal (IGAE), defendidas por la Fiscalía y las acusaciones, de que el sistema diseñado era ilegal, porque las transferencias de financiación que la Consejería de Empleo enviaba a la agencia pública IDEA para que pagara las ayudas no se podían usar para eso, según la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del 2002.

El problema es que la Ley de Presupuestos de ese año y los sucesivos recogían transferencias de financiación de Empleo a IDEA con ese fin concreto y lo que aparece en una ley, sostienen las defensas, no puede ser ilegal, además de que las leyes las aprueba el Parlamento y no los miembros del Gobierno. Las acusaciones, basándose en los peritos de la IGAE, sostienen que se articuló un mecanismo contable y administrativo que impedía a los parlamentarios y auditores conocer el llamado «procedimiento específico», pues precisamente el objetivo es que fuera «opaco» y escapara a los controles.

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