PP y Cs siguen sin acuerdo para la remodelación del Gobierno antes de las vacaciones de agosto

La firma primero y el viaje después (aunque San Telmo no confirma si realizan el trayecto juntos) evidencian un intento de aparente normalidad entre los socios de gobierno. Bajo esa apariencia sigue latente el forcejeo de Cs, en particular de Marín, para una remodelación del Gobierno más allá de un simple ajuste de competencias y nombramientos de segundo y tercer nivel del Ejecutivo. Marín apuesta por una ampliación de consejerías para remontar la crisis económica y social que traerá el coronavirus y hacerlo con coste cero si los consejeros son diputados, aunque ya solo el equipo que acompañe al nuevo titular sí supondría gasto adicional.

Los mismos argumentos que acuña Moreno para negarse a aumentar el número de consejerías por la imagen de más gasto en nombramientos políticos en una etapa de recesión económica. Hay que recordar que el PP fustigó durante años al PSOE para que redujera cargos políticos y exhibió como cumplimiento de su promesa el que el ajuste de carteras en el primer gobierno que preside en Andalucía haya supuesto un ahorro de 13,5 millones de euros al erario público de la Junta.

Tanto Moreno como Marín se habían comprometido a alcanzar un acuerdo para una remodelación del decreto de estructura del Ejecutivo de coalición firmado por ambos hace año y medio antes de las vacaciones de agosto, pero fuentes de ambos partidos reconocieron ayer que tras intensas y varias reuniones no hay acuerdo para posibles cambios que tocarían de seis a siete de las once consejerías actuales (Hacienda-Industria, Economía-Universidad, Turismo-Justicia, Presidencia-Interior, Agricultura-Desarrollo Rural, Igualdad-Políticas Sociales y Salud-Familias), según sea la propuesta de Cs o la del PP.

Salvo que San Millán de la Cogolla, al pie de la sierra de la Demanda y cuna de las primeras palabras halladas escritas en castellano (también en euskera) produzca el milagro del consenso entre Moreno y Marín, habrá poco tiempo para que el último Consejo de Gobierno del martes día 4 de agosto antes de las vacaciones pueda aprobarse la reestructuración del ejecutivo.

La posibilidad incluso de una ampliación de consejerías queda casi descartada por ahora, máxime cuando más de la mitad del Gobierno no la considera adecuada en estos momentos aunque todas las partes reconocen que los once consejeros se ven desbordados por el intenso trabajo de macroconsejerías con materias tan dispares, como Hacienda con Minas e Industria; Turismo con Inmigración, Justicia y ayuntamientos; o Agricultura con Medio Ambiente. Los consejeros del PP, en plena sintonía con Moreno, no están de acuerdo en tocar la foto de familia de los once. Tampoco algunos de Cs. Aunque en público hagan exhibición de cierre de filas con el portavoz Marín, varios de ellos tampoco ven acertada una ampliación de consejeros en estos momentos, según ha sondeado este periódico.

El entorno de Marín presiona y admite que fue «un error» el decreto de estructura de la Junta aprobado por PPy Cs en enero de 2019, incluyendo macroconsejerías como la del propio vicepresidente. Este, según fuentes consultadas, admite que Justicia podría tener entidad propia lo mismo que Medio Ambiente. Marín nunca soltaría Turismo, pero no vería mal si Inmigración pasa a Interior, que depende de Elías Bendodo. Este defiende bajo un único mando los fondos europeos, por lo que sugiere que la parte que gestiona Economía pase a Hacienda, que lleva el 'popular' Juan Bravo. Cs auspicia que la gestión la aglutine Rogelio Velasco en Economía. El control de la lluvia de millones que se espera de Bruselas para mediados del próximo año, en víspera ya de la carrera electoral de las autonómicas de 2022, es clave en el forcejeo de PPy Cs para remodelar el Gobierno, y no solo la ampliación o no de consejerías.