El Seprona se vuelca en la lucha contra los pozos ilegales

Un agente de la Guardia Civil inspecciona un pozo en Sevilla. /EFE. Archivo
Un agente de la Guardia Civil inspecciona un pozo en Sevilla. / EFE. Archivo

En los últimos años se han interpuesto 1.114 denuncias en España, 470 de ellas en el área de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

SUR

El caso de Julen, el niño que murió en un pozo ilegal en Totalán, ha puesto sobre la mesa la extracción ilícita de agua, un 'queso gruyer' cuyos agujeros intenta taponar el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que en los últimos años ha interpuesto 1.114 denuncias por pozos ilegales, la mayor cifra, 470, en el área de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Según los datos del Seprona, entre 2013 y 2017 los agentes de esta unidad especializada del instituto armado tramitaron además 1.530 denuncias por extracción ilegal de aguas, tanto en pozos, como acequias, ríos, etcétera.

El Cuerpo se ha volcado en la lucha contra estos pozos ilegales, aunque de los que presentaban algunas irregularidades sólo diez fueron clausurados. Por confederaciones, son la del Guadalquivir y la del Tajo las que acumulan más denuncias, tanto por extracción ilegal de agua como por pozos ilegales, con 470 y 371, respectivamente, en el primer caso, y 160 y 268 en el segundo.

En la Confederación del Cantábrico las cifras son mucho más bajas, con 84 denuncias por extracción y 14 por pozos. En la del Duero son 247 y 169; en la del Ebro, 204 y 57; en la del Guadiana, 169 y 120; en la del Júcar, 43 y 30; en la del Segura, 67 y 46 y en la del Miño-Sil, 76 y 71.

El capitán Esteban de Diego, de la Jefatura del Seprona, reconoce en una entrevista con Efe que es prácticamente imposible saber el número de esas excavaciones ilegales, pero recuerda que durante muchos años en España «cualquiera se hacía un pozo» para su casa de campo, a veces incluso dos, sin autorización previa. Y muchos, optaban por un 'bypass'. Contra ese 'gruyer' actúa la Guardia Civil en un doble objetivo: evitar la extracción ilegal de un bien escaso como es el agua y garantizar la seguridad ante el peligro que puede suponer una excavación no señalizada y realizada en cualquier parte. Cada actuación de los agentes puede ser diferente.

Extracción ilegal de agua

En muchas ocasiones, los guardias sorprenden a alguien que está empezando a perforar y no aporta la autorización pertinente del municipio, por lo que esa denuncia se interpone ante el ayuntamiento como propuesta de sanción. En otros casos, el pozo ya está hecho y la actividad supervisada es la extracción ilegal de agua. La denuncia se tramita ante la confederación hidrográfica correspondiente. A veces, es la propia patrulla del Seprona la que en la realización del servicio observa que en un lugar determinado, donde antes no existía ningún pozo, de repente hay un cambio de cultivo que requiere agua. Se inicia así una investigación para comprobar si ese agua llega ahora de forma legal o no. Son diferentes actuaciones que esta unidad de la Guardia Civil lleva a cabo por toda la geografía, aunque la mayor actividad se centra en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, regiones con un mayor problema de sequía. La mayoría de las denuncias se quedan en el ámbito administrativo, pero otras pasan a la vía penal, como podrían ser las que se tramitan por la excavación de pozos en acuíferos sobre explotados o aquellas extracciones abusivas afectan a los recursos naturales y al ecosistema.

Los pozos ilegales -concluye Esteban- suponen «un problema gravísimo» tanto por la extracción de un recurso escaso como y por los riegos para la seguridad. El caso de Julen es un ejemplo.