Remolcadores de Algeciras amenazan con paralizar la actividad

EFE

Los trabajadores de Remolcadores Bahía de Algeciras amenazaron ayer con la «paralización de la actividad de remolque» si el Gobierno no aplica la «reserva de bandera nacional» en el reglamento comunitario que entra en vigor el 24 de marzo. En un comunicado, los trabajadores advierten de que el abanderamiento de los remolcadores portuarios en países extranjeros conllevaría la aplicación de la legislación laboral del país enarbolado. Eso supondría, según los trabajadores, destrozar «las condiciones sociolaborales y de seguridad marítima» actuales y que escapa al control del Estado la «cualificación y formación del nuevo personal», lo que provocaría «pérdidas de empleo y precariedad laboral» a un colectivo que cuenta con más de 1.500 empleos directos en el sector.

De esta manera, los remolcadores de la Bahía de Algeciras ratifican «las decisiones acordadas en la pasada asamblea de la Plataforma de Trafico interior, representada por más del 80 por ciento del colectivo de remolque a nivel nacional». El reglamento de la Unión Europea 352/2017, subraya el colectivo, «recoge la posibilidad de imponer un requisito de bandera de los estados miembro, que ya aplican países como Francia y Alemania» para «garantizar la legalidad laboral del país».

Con ello, indican, se respetan «tanto los principios de la libre competencia como las obligaciones en el ámbito de la normativa social y laboral que se aplican en el Estado miembro». Por ello han expresado su «sorpresa» al ver que, a menos de dos meses de la entrada en vigor del reglamento, «el Estado español no se ha pronunciado al respecto», ni les consta «anuncio alguno de licitación para imponer un requisito de bandera».

Veracidad

La «única información, sin poder confirmar su veracidad», que poseen desde colectivo, según indican, son «comunicados de sindicatos tales como CCOO y UGT», en los que «la representación del sector de remolque es irrelevante».

Los remolcadores de la bahía de Algeciras aclaran en ese sentido que no están en absoluto «en contra de la libre competencia» ni de que cualquier trabajador ejerza su derecho al mercado laboral «sea cual sea» su nacionalidad, «siempre y cuando sea en virtud del cumplimiento de la normativa social y laboral del país sin que haya una competencia desleal».

 

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