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El Gobierno andaluz ha reforzado su control urbanístico elevando el volumen de sus inspecciones, que se han traducido en un aumento de expedientes para ... frenar parcelas y edificaciones ilegales en suelos no urbanizables. Estos expedientes se han multiplicado por doce en los últimos seis años, pasando de tan solo 38 en el año 2018 a un total de 425 precintos de parcelas ejecutados en lo que va de 2024, según los datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
El incremento de estos expedientes con precinto por parte de la Inspección Urbanística de la Junta se ha incrementado este ejercicio con respecto a los dos últimos años, con 375 actuaciones en 2022 y 367 en 2023.
La Consejería de Fomento avanza también que los equipos de inspección trabajan en nuevas operaciones donde se precintarán próximamente más de 100 parcelas ilegales.
Junto al crecimiento de los expedientes de precintos, también se ha triplicado el número de actuaciones en materia de disciplina urbanística, según la Consejería, que resalta una mayor presencia de los inspectores en el territorio y un aumento de la actas de infracción. Así, frente a las 164 actas levantadas en el año 2018, el departamento que dirige Rocío Díaz elevó 833 actas en 2021, 900 en 2022 y 637 en 2023, mientras que en lo que va de año se han levantado ya cerca de 600 actas.
Además, se ha impulsado la creación del Cuerpo de Subinspectores de Ordenación del Territorio y Urbanismo y se han reforzado los medios los medios de control. Asimismo, la Consejería ha mejorado la eficacia de la labor inspectora con el uso de drones y con la implantación de un servicio pionero basado en un software para la detección de cambios en el territorio a partir de imágenes satélite.
A todo ello se añade el nuevo Plan General de Inspección Territorial y Urbanística, destacando como líneas prioritarias de actuación el control de las parcelaciones irregulares en suelo rústico o la protección del espacio litoral.
El departamento que dirige Rocío Díaz ha potenciado también los cauces de comunicación con todos los agentes implicados en la protección de la legalidad territorial y urbanística, mejorando la coordinación con la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, la Guardia Civil y la Fiscalía especializada en delitos sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Por otro lado, la Consejería de Fomento subraya que la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ha contribuido también a mejorar la situación al incluir en el ordenamiento jurídico por primera vez el concepto de disciplina territorial, lo que otorga al Gobierno andaluz la competencia directa para intervenir frente a las infracciones de mayor impacto en el territorio sin necesidad de acreditar la previa inactividad del municipio donde se comete dicha infracción.
De hecho, la propia LISTA ha supuesto una solución para cientos de miles de viviendas edificadas en suelo rústico sobre las que no era posible actuar ni adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística porque había prescrito la acción de la administración y que, por tanto, se encontraban en un limbo jurídico.
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