Rechazo a la nueva ley de vivienda por no contar con Andalucía
El portavoz de la Junta anuncia que estudiarán recurrirla y critica que la medida de los pisos de la Sareb se anuncie en un mitin del PSOE
El Gobierno andaluz rechazó ayer la nueva Ley de Vivienda del Ejecutivo central por no haber contado con la opinión de comunidades autónomas para su ... elaboración cuando son las que tienen las competencias en esta materia, según lo puso de relieve ayer el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco.
La Junta va a pedir el Gobierno de Pedro Sánchez la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda con el Ministerio para analizar la nueva norma, según el portavoz, que confirmó además que ya se ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos para estudiar si invade sus competencias autonómicas y presentar, si fuera así, un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Ramón Fernández-Pacheco criticó además la medida de usar el parque viviendas de la Sareb, conocido como banco y creado para gestionar los activos inmobiliarios que lastraban a la banca, por no haber consultado tampoco a las comunidades y lamentó que hayan tenido que enterarse de la iniciativa por un mitin del PSOE, donde fue anunciado por Pedro Sánchez.
El portavoz consideró este hecho como «muy grave» y añadió que «no nos podemos acostumbrar a que esto siga sucediendo». Asimismo, recordó que la competencia de vivienda es «eminentemente autonómica», y sin embargo «el Gobierno de España toma decisiones sin contar con absolutamente nadie y presume de diálogo y después no lo practica».
El Consejo de Ministros aprobó movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb, de las que 2.040 de ellas están situadas en Andalucía, según el desglose realizado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
El objetivo del Gobierno es «recuperar los activos que tiene la Sareb gracias al esfuerzo de los españoles y destinarlos a familias vulnerables con un alquiler social», según la ministra competente en la materia, Raquel Sánchez.
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