La rebaja fiscal y la supresión de aforamientos, a debate en el próximo Pleno del Parlamento

La rebaja fiscal y la supresión de aforamientos, a debate en el próximo Pleno del Parlamento

La Cámara tendrá que posicionarse sobre dos de las principales medidas de los primeros cien días del Gobierno andaluz

A.G.SEVILLA

El Pleno que celebrará el Parlamento de Andalucía los próximos 2 y 3 de mayo someterá a votación dos de las medidas que PP y Cs han elevado a prioritarias en su particular balance de los primeros cien días de Gobierno. En una inusual doble jornada de jueves y viernes al ser festivo el miércoles, los cinco grupos que se sientan en la Cámara tendrán en primer lugar que convalidar o derogar el decreto-ley aprobado el pasado día 9 por el Ejecutivo de Juanma Moreno. Se trata de la ya famosa «revolución fiscal», como la bautizó ese día el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y que incluye una bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como una rebaja del IRPF y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El combate político está garantizado en ese punto porque tanto PSOE como Adelante Andalucía no se han cansado de clamar durante los últimos días contra ese decreto al entender que tan sólo beneficia a las clases más acomodadas. «Un regalo para los ricos», coincidieron este martes los portavoces parlamentarios de ambas formaciones. En la aritmética del reparto de escaños PP y Cs necesitarán de forma imperiosa el apoyo de Vox para sacarlo adelante, ya que el anunciado voto en contra de la izquierda (50 diputados) supera al de los partidos que comparten Gobierno (47).

En el orden del día figura también la propuesta, presentada por PP y Cs, para que el Parlamento tome en consideración la iniciativa para iniciar el largo trámite que debe conducir a la reforma del Estatuto de Autonomía. Se trata, en otras palabras, de la supresión del privilegio de aforamientos del que hoy en día gozan el presidente de la Junta, los consejeros de su Ejecutivo y el resto de diputados autonómicos. Así consta en el acuerdo que ambos partidos firmaron antes de llegar a San Telmo por imperativo de Cs, que ya lo había planteado en la anterior legislatura pero nunca recibió el espaldarazo definitivo del PSOE. El proceso es farragoso porque obliga a retocar el articulado del Estatuto, máxime ahora que los socialistas reclaman que esa complicada apuesta sea mucho más ambiciosa e incluya un blindaje de los servicios públicos.

Del resto de iniciativas los 109 diputados tendrán que posicionarse sobre una proposición de ley presentada por Adelante Andalucía sobre la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces. Ese plan de climatización responde a las oleadas de protestas que protagonizaron asociaciones de padres y alumnos el pasado año durante la ola de calor y saldrá adelante porque el Consejo de Gobierno, en un guiño hacia la formación que abanderan Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, emitió ya un criterio favorable. Lo contrario habría implicado dejarla prácticamente en vía muerta.

En el capítulo de comparecencias, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, pasará revista al nivel de ejecución del Plan de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 que ha heredado del anterior Gobierno, mientras que su compañero al frente del departamento de Salud y Familias, Jesús Aguirre, deberá informar sobre el criterio que ha seguido en la política de nombramientos de altos cargos tras su llegada a la Consejería.

En este último punto habrá también batalla dialéctica porque el PSOE, que es quien promueve la comparecencia, acusa a los populares de recurrir a los «dedazos de amigos» olvidando las acusaciones de enchufismo que vertía contra los socialistas cuando ellos eran oposición. El partido de Susana Díaz ha incluido también en las preguntas orales munición contra el Gobierno: preguntará a los distintos consejeros sobre cómo se piensa abordar el programa de refuerzo educativo de verano, contestado por los sindicatos de docentes; por el plan de choque contra las listas de espera o sobre los datos exactos de las personas que esperan ser atendidas por los servicios de Dependencia. Más curiosa aún es una de las que formulará Vox sobre las normas gramaticales establecidas por la RAE en lo que se supone un ataque al lenguaje inclusivo del que durante décadas ha hecho gala la Junta de Andalucía.

El presidente, Juanma Moreno, volverá a someterse ya el viernes a las preguntas de todos los grupos tras el parón del último Pleno, cuando éstas fueron eliminadas al encontrarse de visita con el Rey en Jaén para clausurar el Congreso de Jóvenes Agricultores. En esta ocasión tendrá que hacer frente a la petición de análisis de la situación política e institucional que le reclamará Susana Díaz, al balance de los cien primeros días de Gobierno en el que coincidirán los portavoces de PP y Adelante Andalucía, José Antonio Nieto y Antonio Maíllo, y a la pregunta sobre cómo marcha la redacción del nuevo Presupuesto de Andalucía, esta vez a cargo de Sergio Romero, de Cs. Vox se interesará sobre el Plan Normativo Anual de la Junta, un anticipo de las iniciativas legislativas que cada año presenta el Gobierno andaluz.