Raúl Fernández: «Hubo funcionarios que denunciaron corrupción y se les persiguió»

-¿La votación saldrá adelante?

-Yo espero que sí. El dictamen lo votaron a favor Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que es el grupo que la trae a través de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. PSOE y Adelante Andalucía se abstuvieron. En principio tiene que salir sin ningún problema. Es una ley sin carga ideológica, la lucha contra la corrupción es algo que debe defender todo político.

-¿Qué va a aportar esta ley?

-Es una herramienta que vamos a tener para poder luchar contra el fraude y la corrupción. Todos hemos visto lo que ha ocurrido durante estos 37 años en la Junta, los ciudadanos han dejado de creer en la política. Hacía falta poner los mecanismos adecuados, porque no bastaba con confiar en los gobiernos. La ley va a permitir crear una oficina de lucha contra la corrupción donde se van a recibir denuncias, investigar y, sobre todo, proteger a los denunciantes.

-¿No se los protegía ya?

-Hemos conocido casos de funcionarios que denunciaron casos de corrupción, a veces corruptelas, fraudes, y en lugar de premiárselos lo que se hacía era perseguirlos. Esto se va a evitar.

-Generalmente cuando se habla de corrupción en Andalucía se remite al caso de los ERE, pero ha habido casos, sobre todo en los ayuntamientos, en los que ha habido implicados de todo signo

-La oficina va a tener competencia sobre todos los entes públicos, incluidos por ejemplo los ayuntamientos o la universidad, aunque respetando su autonomía. También se podrá investigar a terceros que contraten con cualquier entidad pública. No sólo actuará ante una denuncia, sino también de oficio.

-¿En que medida esta oficina supondrá una invasión del área de actuación del poder judicial?

-Una vez que la oficina tenga indicios de que pueda existir una infracción penal, inmediatamente lo pondrá en conocimiento del fiscal y la oficina se apartará. No se trata de suplir las actuaciones de los jueces y los tribunales, sino de encauzar la denuncias de funcionarios que puedan entender que ha habido hechos de corrupción o de fraude. La oficina escuchará al denunciante y en cuanto tenga indicios claros, se aparta porque entrarían los tribunales en acción.

-¿Cómo funcionará la oficina?

-Habrá un director, que deberá ser una persona de prestigio reconocido elegida por una mayoría cualificada del Parlamento. Habrá dos subdirectores y funcionarios. El mandato del director será de cinco años, y en el caso de una falta grave se le puede destituir por mayoría simple.

-¿Cuándo se pondrá en marcha?

-En unos tres meses habrá que nombrar al director y en nueve meses se hará un reglamento que regulará el funcionamiento de la oficina. Esta es una ley en la que Ciudadanos lleva empeñado mucho tiempo. En 2018 fue el motivo por el que rompimos con el PSOE en la legislatura anterior. Tenemos muchas expectativas en esta ley y queremos que funcione bien. Queremos que el funcionario que vea algún caso de corrupción vaya sin tapujos y con la plena confianza de que se va respetar su anonimato y se le va a proteger.