El presidente del TSJA aboga por la mediación para acabar con la «epidemia judicial» que sufre Andalucía

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que está en Granada./Ramón L- Pérez
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que está en Granada. / Ramón L- Pérez

Lorenzo del Río asegura en el Parlamento andaluz que existe una litigiosidad creciente e insostenible y es hora de impulsar una nueva justicia complementaria capaz de resolver conflictos fuera de los tribunales

JOSÉ LUIS PIEDRASevilla

Lorenzo del Río asegura en el Parlamento andaluz que existe una litigiosidad creciente e insostenible y es hora de impulsar una nueva justicia complementaria capaz de resolver conflictos fuera de los tribunales

La situación de la Administración de Justicia en Andalucía es insostenible y el crecimiento de la litigiosidad no cesa, con un volumen tan alto de casos que llegan a los tribunales que es imposible darle una respuesta eficaz hasta ahora solo con el esfuerzo de sus profesionales y desde el actual modelo organizativo. Ante este panorama tan difícil, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abogó por fomentar la mediación como fórmula para la resolución extrajudicial de los numerosos conflictos que cada día llegan hasta los juzgados andaluces y acabar así con la epidemia judicial que sufre Andalucía.

Se trata de una apuesta clara y decidida por una justicia complementaria que el alto tribunal andaluz se plantea impulsar de verdad ante la urgente necesidad de actuar para paliar la complicada situación de colapso y congestión de la Justicia. La apuesta del TSJA por alternativa de la mediación aparece por primera vez TSJA en su memoria anual correspondiente al pasada año, un balance judicial que presentó ayer en su presidente en el Parlamento andaluz.

Lorenzo de Río consideró que no ha sido ni mucho menos una legislatura buena para la Justicia y alertó del aumento irrefrenable de las tasas de litigiosidad en Andalucía con 1,2 millones de casos en 2018, los que representa el 22% nacional, con 145 casos por cada millar de habitantes que convierte a esta situación en una auténtica epidemia que hay que atajar. La máxima autoridad de la Justicia andaluza puso de relieve la necesidad de avanzar en una nueva cultura legal y social como es la mediación, que sea capaz de propiciar la solución pacífica de numerosos asuntos que por su naturaleza y tipología no deberían terminar en los juzgados porque pueden resolverse de otra manera.

Según Del Río, «no se trata de privatizar la justicia ni quitar el trabajo a los profesionales actuales que recelan de ello porque es una nueva justicia complementaria y restaurativa por la que debemos apostar en serio desde el poder judicial y desde el ejecutivo para acabar con el estancamiento de la Justicia, cuya tasa de resolución solo permite dar respuesta a los casos que van ingresando pero se muestra incapaz de afrontar la enorme carga de trabajo acumulada que procede de muchos años atrás, especialmente desde el periodo de la crisis». Como ejemplos de esta inabordable respuesta judicial actual mencionó los 87.000 casos de cláusulas suelo o las 432.000 ejecuciones pendientes.

En su intervención en la Cámara autonómica lamentó que este balance es «la memoria de la memoria, con situaciones inmovilistas y problemas que permanecen y se empeoran año tras año» sin ningún atisbo de solución y pidió mejoras en la funcionalidad y en el modelo organizativo de la Justicia más que incrementar el número de órganos judiciales que, años tras año, se ha demostrado que no arreglan la situación de fondo. A su juicio, «se trata de crear una nueva organización que permita tener un sistema ágil para que los casos se puedan resolver en calidad y en tiempo«. Con todo, la memoria contiene la petición de 85 plazas más de jueces y una veintena de órganos colegiados.

En este sentido, se refirió a la necesidad de promover iniciativas legislativas destinadas a promover ese nuevo organizativo y territorial más efectivo, «como es la conveniencia de apostar por la concentración de partido judiciales cercanos para crear un entorno más colegiado y funcional que mejore la respuesta», citando como ejemplos los de Vélez Málaga y Torrox o los del Campo de Gibraltar en La Línea, Algeciras y San Roque, sin que ello suponga la supresión de sus sedes. Al hilo de estos cambios a nivel organizativos criticó la permanencia inalterable del modelo de las plantillas de funcionarios, que datan de 1953 y que funcionan con cánones del pasado, al tiempo que apostó por propiciar la movilidad de los funcionarios.

Los órdenes jurisdiccionales que han registrado un mayor incremento han sido el Civil y el Contencioso-Administrativo, mientras que el Penal se mantiene. La jurisdicción civil ha subido mucho por los conflictos con las contrataciones bancarias y también por asuntos de extranjería relacionados con la inmigración. Para abordar esta sobrecarga, reivindicó a la Junta planes de refuerzo y estudiar fórmulas para llegar a unos tiempos de respuesta más ajustada.

Mejora de las infraestructuras

El presidente del TSJA denunció también en la presentación parlamentaria de la memoria los graves problemas en cuanto a la situación de las infraestructuras judiciales, muchas de esas obras de mejora pendientes de ejecutarse desde hace 15 años. De Río se refirió a la necesidad de actuar en grandes capitales para propiciar la centralización de órganos judiciales y acabar con su dispersión actual, como es el caso de las ciudades de Sevilla, Cádiz y Jaén. Para ello exigió a Gobierno andaluz una una hoja de ruta clara para abordar estas necesidades en infraestructuras que en algunas ciudades, como en Huércal Overa en Almería y en la Costa del Sol en Marbella, Estepona y Fuengirola, donde están soportando instalaciones en condiciones de trabajo inadecuadas y que en principio fueron concebidas como provisionales y han pasado a ser definitivas.

Por último, sobre la situación de los juzgados de la violencia sobre la mujer, el máximo representante judicial autonómico afirmó que «no se puede bajar la guardia ya que las cifras que arrojan son siempre preocupantes y dolorosas e puso el acento en trabajar en la prevención, así como desde las comisiones provinciales de coordinación para detectar errores, proponer mejoras y medidas específicas«. A este respecto, aludió a la necesidad de contar con órganos de esta materia que tengan una jurisdicción, ya que se da lugar a que las víctimas de la provincia estén menos protegidas que las que residen en las capitales.