Los peritos del Estado ratifican que el procedimiento en el caso ERE era ilegal

Técnicos de las defensas aseguran en el juicio que no hay ilegalidad en el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas

SUR SEVILLA.

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ratificaron que las transferencias de financiación se usaron «indebidamente, y por qué no decirlo, ilegalmente» para pagar las ayudas investigadas en el caso ERE, informa Efe.

Así lo manifestó Ángel Turrión, jefe del equipo de la IGAE que desde diciembre de 2013 ha emitido por orden del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un total de «275 informes con 3.899 páginas y 22.855 anexos» sobre los 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis repartidos por la Junta de Andalucía del 2001 al 2010.

Desde ayer, el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener el «procedimiento específico» usado para pagar esas ayudas- ha entrado en una nueva fase centrada en la prueba pericial, con la comparecencia de nueve catedráticos en Derechos Administrativo y Hacienda Pública que han elaborado durante la instrucción diversos informes de parte, todos ratificados ayer por sus autores.

La primera discrepancia entre los peritos de la IGAE (junto a Turrión comparecen sus colegas Rosaría María Hernández y Eduardo Villaseca) y los de las defensas se ha puesto de manifiesto con las primeras preguntas del fiscal Anticorrupción.

Según los expertos estatales la clasificación económica de un crédito determina a qué se destina, y en el caso de las transferencias de financiación a la agencia pública IDEA para pagar ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo éstas se usaron «en contra de lo que dice la ley».

Sin embargo, el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Carlos II de Madrid Juan Zornoza-autor junto a Miguel Ángel Martínez de un informe pericial encargado por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán- replicó que «la clasificación económica» de una partida «indica la naturaleza económica del gasto, no necesariamente su finalidad». En este caso, continuó, lo único que distinguía es que eran transferencias de capital y no transferencias corrientes pero «ni el destino ni la cuantía».

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