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EUROPA PRESS
Martes, 2 de octubre 2018, 00:02
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sevilla. Los peritos discreparon ayer sobre la normativa aplicable a las ayudas de los ERE así como el papel del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para pagarlas. La Audiencia Provincial de Sevilla acogió una nueva sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. En el marco de un tenso debate, en el que comienzan a surgir reproches sobre la independencia de los peritos, la jornada estuvo marcada por un «fallo eléctrico» que obligó al tribunal de la Sección Primera, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, a suspender la sesión. El citado fallo provocó que no funcionaran los micrófonos usados por los intervinientes y posteriormente había que esperar a que se reiniciara el sistema de grabación.
La acusación del PP-A ha continuado, al inicio de este lunes, con las preguntas sobre el marco normativo de las subvenciones concedidas e investigadas. Así, ha intentado contraponer las declaraciones realizadas por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en fase de instrucción y en comisión de investigación en el Parlamento, y las tesis defendidas por el perito José Ignacio López, propuesto por la defensa del propio Fernández.
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