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EFE
SEVILLA.
Jueves, 27 de septiembre 2018, 00:01
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El perito propuesto por la defensa del exconsejero Antonio Fernández alegó ayer que la normativa aplicada a las ayudas de los ERE otorgadas por la Junta eran las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, en contra de los interventores del Estado (IGAE) que niegan que dichas órdenes sean aplicables.
Tras tres semanas de interrogatorio de los peritos por parte de la Fiscalía, en la última hora de la sesión de ayer del juicio de la pieza política del 'caso ERE' -contra 22 ex altos cargos de la Junta- comenzó a preguntarles el abogado del PP andaluz Luis García Navarro, que ejerce la acusación particular.
El letrado mostró un escrito de la defensa de Fernández presentado en una pieza separada del caso ERE sobre las ayudas a los prejubilados en la Faja Pirítica de Huelva en 2005 en el que no comparte el criterio de otros investigados en esa pieza sobre la aplicabilidad de las órdenes estatales de 1994 y 1995 a las ayudas de los ERE, lo que provocó un intenso debate entre los abogados de las partes.
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