El perfil del menor infractor en los centros de Andalucía es el de un adolescente varón acusado de delitos de robo o hurto

Rosa Aguilar./EFE
Rosa Aguilar. / EFE

La Junta aprueba la ley de Justicia Juvenil para elevar al máximo rango las políticas de reinserción que lleva a cabo

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La Junta dispone de 16 centros de internamiento repartidos por Andalucía, con 776 plazas, y de 48 centros y servicios de régimen medio abierto. El pasado año 1.477 menores cumplieron 1.570 medidas en régimen interno y otros 5.404 realizaron 6.659 medidas en medio abierto. En ambas circunstancias, el perfil del menor infractor es el de un adolescente varón ingresado por delitos de robo o hurto.

Son algunos de los datos expuestos ayer por la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, al explicar el proyecto de ley de Justicia Juvenil al que el Consejo de Gobierno dio luz verde. Andalucía es la segunda comunidad, después de Cataluña, en elaborar una norma que eleva al máximo rango las políticas de reinserción y medidas impuestas por los juzgados a chicos y chicas que ya se llevan a cabo.

La nueva norma, compuesta por 76 artículos, es fruto de un intenso trabajo en la Consejería de Justicia, si bien cabe la posibilidad de no aprobarse esta legislatura si esta se acorta con elecciones en otoño y se disuelve el Parlamento. Antes debe pasar por el Consejo Consultivo, entre otros trámites.

El texto incluye novedades como un plan integral de atención con intervención de varias consejerías; un mayorprotagonismo de las familias en la reinserción; la creación de un único expediente digital y del Consejo Andaluz de Justicia Juvenil. Además de garantizar la asistencia letrada gratuita, se asegura al menor que esta la llevará un único profesional. «Es una apuesta del Gobierno por una justicia juvenil de calidad», aseveró la consejera.

Los jóvenes estarán sometidos a obligaciones, como la participación en la enseñanza establecida, la colaboración en la consecución de los objetivos planteados en el programa de intervención aprobado por el Juzgado de Menores competente y el respeto a los profesionales que participan en su proceso. La ley contempla también sanciones.

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