Patricia Ramírez: «Ana Julia ha dicho en la cárcel que me quiere matar»

Visiblemente afectada, Ramírez indicó que se cumplía un año de su denuncia pública sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en la cárcel de Brieva, además de la emisión de un documental 'true crime' sobre el caso de Gabriel, que se habría estado grabando a escondidas. Aseguró que le consta «la entrega de teléfonos y de dinero» que se le han pasado a la reclusa «durante la celebración de los vis-a-vis».

Aseguró que «con varios móviles habría intentado seguir grabando el documental de mi pequeño, hay dinero de por medio y están esperando a que se calme la situación para seguir con él porque quedan dos entrevistas por realizar». Además, incide en que Ana Julia Quezada habría estado comunicada «por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones».

Esto sucede después de que se destapara la investigación a dos funcionarios del centro penitenciario por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con Ana Julia Quezada a cambio de que le facilitaran un móvil para comunicarse con el exterior. Los encuentros se habrían grabado para utilizarlos como «chantaje» para conseguir un traslado a la cárcel de Barcelona, ciudad donde reside una ex reclusa con la que inició una relación en la cárcel. Estos trabajadores ya no prestan servicio en prisión.

La madre de Gabriel reveló que le llegó la información de que se había procesado a dos funcionarios, aunque nadie le ha dado una explicación. Dijo también que está recibiendo llamadas y amenazas. «Había móviles en prisión que, cuando presenté las denuncias, desaparecieron gracias a los chivatazos y, presuntamente, acabaron en casa de uno de los funcionarios», aseguró.

De todas las irregularidades que ha ido relatando en su comparecencia, la madre del niño Gabriel considera que Ana Julia Quezada tendría «ayuda para los cacheos, se los soplan, entonces, según mis fuentes, hay también movimiento de dinero entre los funcionarios que le estarían ayudando o mediando a través del abogado», reconoce.

Durante estos meses ha tratado de poner en conocimiento de las autoridades toda la información que le ha llegado y ha afeado la dificultad que ha tenido para contactar con el instructor y la Fiscalía de Ávila, de forma directa y a través de la oficina de asistencia a las víctimas. «Como acusación popular yo no aparezco como perjudicada», ha explicado la madre del menor, quien ha aclarado que con su representante legal han solicitado esta otra vía para poder estar presentes en el caso.

Toda esta situación, considera que ocurre porque, «desgraciadamente a nuestros asesinos se les ha convertido en famosos, se quiere vengar de mí porque he paralizado y boicoteado el documental de mi hijo».

La reclusa está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral debido a la grabación del documental.