El Parlamento de Andalucía prolonga la polémica sobre el cribado en un debate de alta tensión y reproches mutuos

Los diferentes grupos de la oposición habían registrado preguntas relativas a la transparencia en la gestión pública, el cambio en las políticas del Consejo de Gobierno, la aportación del Gobierno al presente y futuro de Andalucía y los derechos de los andaluces. Todos temas suficientemente ambiguos y transversales que permitían dirigir el debate directamente al asunto que más desgaste puede causar al Ejecutivo y especialmente a la figura de Juanma Moreno.

Así lo hicieron. Y aunque en un principio los reproches se dirigieron a la ausencia del presidente durante la mayor parte del desarrollo en la sesión del día anterior -Moreno sólo asistió a la exposición inicial del consejero Antonio Sanz para retirarse después a su despacho en el Parlamento y regresar a última hora cuando se votaron las resoluciones-, las críticas se enfocaron después en la política sanitaria de la Junta y lo que los grupos de la oposición consideran ilegitimidad del Gobierno andaluz para presentar ahora medidas para reformar el Servicio Andaluz de Salud.

Los grupos de la oposición esperaron su turno para lanzar uno detrás de otro su andanada de críticas a Moreno por su gestión de la crisis de los cribados, sobre la que coincidieron en considerar como una muestra del estado de la sanidad andaluza. La virulencia verbal fue creciendo por momentos hasta alcanzar los tonos más altos de la legislatura.

Con una intervención de una gran efusividad verbal, la portavoz socialista, María Márquez, reprochó a Moreno haberse puesto a la altura de otros presidentes autonómicos del PP, como Isabel Díaz Ayuso o Carlos Mazón, que, aseguró, «avergüenzan a España» y tras volver a rechazar la oferta de participar en la reforma del sistema sanitario propuesta por la Junta, dijo que los andaluces están convocados ahora a «salvar a la sanidad pública» frente al presidente andaluz, por lo que invitó a participar en la manifestación convocada para este domingo. También acusó al presidente de llevar «tatuado en la frente el fracaso de la sanidad pública» y de gestionar la crisis con mentiras y malas decisiones.

Todas las críticas de los grupos de la oposición discurrieron por carriles similares. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, acusó al presidente de tener como único plan el de apaciguar los ánimos para evitar las consecuencias electorales de la crisis y de asumir el papel de víctima cuando las únicas víctimas en todo este asunto son las pacientes a las que no se les ha informado de su situación. Gavira le advirtió de que en los meses que restan hasta las elecciones, el Gobierno andaluz no va a poder hacer «lo que no hizo en siete años».

También desde los grupos de la izquierda se escucharon críticas similares. Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, señaló al presidente por la supuesta ocultación de información a las mujeres afectadas y de reducir todo el problema a una mera crisis comunicativa, mientras que Josá Ignacio García, de Adelante, lo acusó de mentir y de no ofrecer información sobre lo que ha sucedido.

Para el presidente, la oposición en su conjunto está incurriendo en una hipérbole de exageraciones con el único objetivo de desgastarle y de utilizar esta situación para intentar la mayoría absoluta con la que gobierna.

Acusó la izquierda de insistir con el bulo del borrado de historiales clínicos, lo que ya ha sido desmentido, y señaló a Vox por confundirse con el resto de la oposición en su afán de desgastar al Gobierno y de haber salido huyendo en aquellas comunidades en las que habían formado parte de los ejecutivos.

Toda la sesión se desarrolló en un tono de gran agresividad verbal. En su turno, el portavoz del PP, Toni Martín, reclamó a la oposición de no confundir la crisis de los cribados con una crisis sanitaria y le exigió apartar «sus sucias manos» del tejido asociativo, en una acusación directa de estar manipulando a algunos de los colectivos que han denunciado los casos que dieron lugar a la crisis.

Momentos antes, el presidente de la Junta había reconocido que echa en falta una «actitud colaborativa y constructiva» por parte de la asociación de mujeres Amama, uno de los colectivos denunciantes, que ha rechazado repetidamente reunirse con él.