El Parlamento pide auditar las obras andaluzas del 'caso Koldo'

La iniciativa del PP plantea que estas obras, que son objeto actualmente de investigación judicial, sean fiscalizadas para ver el alcance de la repercusión económica que han ocasionado esos ilícitos penales.

La proposición de ley, que salió adelante con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, fue defendida por el parlamentario popular Antonio Saldaña y en ella se exige al Ejecutivo central Gobierno central que aclares y detalle «si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias a través de las figuras de modificados complementarios o liquidaciones para que se depuren las responsabilidades políticas y personales».

Antonio Saldaña explicó que esta iniciativa parte tras el «tristemente famoso» informe de la UCO que destapó un enorme entramado de mordidas en la cúpula del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido ramificaciones en Andalucía», de ahí el interés de los populares de que se esclarezca la gestión y concesión de estas obras.

Según el informe de la UCO, las obras afectadas por esta trama corrupta en Andalucía son, entre otras, la ampliación del puente del Centenario en Sevilla, con 102 millones de presupuesto y las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, con 280 millones, así como el desdoble de la N-IV entre las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios, o la N-322 en Úbeda, en la provincia de Jaén, según detalló el diputado del PP-A.

El Parlamento muestra su «más profundo rechazo y repulsa a la gestión arbitraria y sin garantías» de estas obras y exige a la Delegación del Gobierno en Andalucía que dé cumplidas «explicaciones, proporcionando información detallada y transparente sobre las acciones, decisiones o actividades llevadas a cabo con respecto a estas obras».