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Olona denuncia a la alcaldesa de Salobreña tras el apoyo de la Junta Electoral a su candidatura

J. L. PIEDRA

SEVILLA.

Martes, 24 de mayo 2022

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La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones andaluzas, Macarena Olona, presentó ayer una denuncia ante la Guardia Civil contra la alcaldesa Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino, por la polémica de su empadronamiento en este municipio granadino tras la decisión adoptada por la Junta Electoral de respaldar su candidatura al no apreciar ningún obstáculo legal para ello.

Olona denuncia a la alcaldesa de Salobreña por un presunto delito electoral, de prevaricación administrativa y de vulneración de los derechos fundamentales. La candidata de Vox aseguró que «no va a dejar sin respuesta las actuaciones caciquiles del Gobierno contra su persona y partido» y reprochó a la alcaldesa de actuar «movida por intereses políticos».

Olona acusa a la alcaldesa de «utilizar torticeramente las instituciones y potestades públicas municipales para perjudicar gravemente su imagen, honorabilidad y candidatura». Asimismo, sostiene que se le trata de privar de un derecho fundamental como es su derecho al voto, ya que su baja en el padrón comportaría la imposibilidad de participar en las elecciones y además se restringiría su derecho fundamental a la libertad de residencia.

La alcaldesa de Salobreña, por su parte, aseguró ayer que el Consistorio «ha actuado como actúa en todos los casos con un proceso regulado por ley» y que se inició tras admitir públicamente el propietario de la vivienda que la candidata de Vox no vivía allí. Esta denuncia se produce después de que la Junta Electoral Provincial de Granada no observara ningún «obstáculo legal» para la proclamación de su candidatura, rechazando de este modo la solicitud de su anulación planteada por la coalición Andaluces Levantaos al no cumplir Olona el requisito de vecindad y empadronamiento.

La Junta Electoral sostiene que la decisión contraria «comprometería garantías constitucionales» como el principio de legalidad y de seguridad jurídica, así como supondría un «quebranto» del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

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