Marín prescinde de su delegada de Justicia en Granada por estar relacionada con una multa millonaria a la Junta

El PSOE pide explicaciones al Gobierno por la «colisión de intereses» privados y públicos de varios cargos

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El vicepresidente del Gobierno de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, Juan Marín, tuvo que prescindir de su delegada en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, apenas 24 horas de anunciarse su nombramiento. De hecho ni llegó a tomar posesión como estaba previsto en la mañana de ayer. El cese se produce tras la polémica desatada al conocerse que Fernández-Vivancos fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta en Granada cuando esta perdió un pleito contra el empresario Tomás Olivo, por el que la administración autonómica fue condenada a pagarle 165,6 millones de euros.

Un abogado bajo el cargo de Fernández Vivancos no se presentó en 2016 en el juicio del llamado 'caso Nevada', en el que la empresa promotora de un centro comercial en el municipio granadino de Armilla reclamaba una indemnización por la paralización de las obras del mismo en un largo pleito que se remontaba a 2005. La Junta perdió el pleito, que achacó a un error del servicio jurídico debido a la incomparecencia del letrado. Recurrió al Supremo, que confirmó la multa a la administración autonómica en hasta los 165,6 millones de euros. El PP arreó contra el PSOE tanto en Granada como en el Parlamento andaluz con duras críticas por esta indemnización, una de las más altas.

El ejecutivo de Susana Díaz apartó de la jefatura de los servicios jurídicos en Granada a Fernández-Vivancos. Luego esta pidió la excedencia como letrada de la Junta y acabó en el mismo despacho de uno de los letrados que representó a la empresa de Tomás Olivo. En este despacho trabajaba cuando fue llamada para el cargo de delegada por Marín.

Por este cúmulo de circunstancias hizo que el nombramiento de Fernández-Vivancos extrañara tanto a cargos de Ciudadanos en Granada como a los socios del PP en el Gobierno de esta provincia, conocedores de la historia.

Se da la paradoja de que Marín anunció en la misma mañana de ayer, en una entrevista en Canal Sur Radio, que habría «ajustes» en el Presupuesto de 2019 debido a las multas millonarias por sentencias contra la Junta. El Gobierno había aludido a la de la sentencia del 'caso Nevada' entre otras. Esta, sin embargo, ya está pagada. La administración autonómica, que recurrió al Tribunal Constitucional, ya ingresó en la cuenta del empresario la indemnización a finales de diciembre pasado para que esta no aumentara cinco millones de euros al año, según confirmaron fuentes del ejecutivo saliente.

Reacción socialista

Horas después de anunciar los ajustes, Marín puso en marcha la renuncia de su delegada en Granada ante la polémica desatada y el disgusto de sus socios del PP. Cs trasladó un comunicado en el que era la misma Fernández-Vivancos quien declinaba el nombramiento para evitar «cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos andaluces».

La oposición no desaprovechó la oportunidad de hacer ver cómo la nueva estructura del Gobierno de coalición PP-Cs hacía aguas. El portavoz socialista, Mario Jiménez, exigió explicaciones y habló de «colisión de intereses» privados y públicos por los nombramientos tanto de Fernández-Vivancos, como por los del director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Sierra, abogado del principal encausado en el 'caso ERE', el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; y del secretario general de Innovación Cultural y Museos, Fernando Francés, por estar investigado en el caso de los mosaicos del artista Invader colocados en edificios históricos protegidos. Mario Jiménez recordó que en el 'caso ERE' la Junta está personada en varias de las causas contra Guerrero.

El portavoz socialista criticó la estructura del Ejecutivo PP-Cs que, en su opinión, refleja «desgobierno, caos, falta de capacidad a la hora de tomar decisiones». Dijo conocer trifulcas internas entre PP y Cs por el reparto de áreas como muestra que haya competencias duplicadas, como la de familia o económicas.