Marín anuncia que duplicará el personal de las unidades de violencia de género

Juan Marín y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en el Parlamento. :: Julio Muñoz. efe/
Juan Marín y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, en el Parlamento. :: Julio Muñoz. efe

La medida viene después de la polémica suscitada por Vox al cuestionar la profesionalidad de sus trabajadores, que Moreno defendió ayer

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

La polémica suscitada por Vox al cuestionar la profesionalidad de los trabajadores de las unidades de valoración integral de violencia de género (UVIVG) dependientes de la Junta ha dado sus frutos, aunque igual no los esperados por el citado grupo político. El Gobierno andaluz ha puesto en marcha un plan de choque para duplicar las citadas unidades con 700.000 euros, lo que supondrá pasar de 51 a 80 los profesionales que atienden y valoran las denuncias de violencia machista, según anunció el vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín, en comparecencia parlamentaria.

Vox había reclamado vía la Mesa del Parlamento conocer el perfil y los nombres de las personas contratadas en las citadas unidades cuestionando su preparación científica y tachándolos de «supremacistas» de una ideología de izquierdas en la política de violencia de género. La petición fue rechazada por la Mesa por contravenir la Ley de Protección de Datos, pero Vox cambió el sentido de la solicitud reclamando conocer el perfil profesional, la categoría laboral y el número de colegiación de los empleados de violencia de género y familia pagados por la Junta, desde médicos forenses, psicólogos hasta trabajadores sociales.

La Mesa, en la que suma mayoría PP, Cs y Vox, admitió esta petición y también otra después en la que amplía el requerimiento de información sobre las ONG y empresas que trabajan con la Junta en esta materia en servicios externalizados. PP y Cs no se opusieron esta vez ante el visto bueno de los letrados de la Cámara, aunque PSOE y Adelante les han recriminado que cedan ante las presiones de Vox.

Sobre ello se pronunció el presidente de la Junta al mismo tiempo que comparecía Marín en la comisión del Parlamento. Juanma Moreno defendió que los trabajadores de las unidades de violencia de género que él conoce son «cualificados, preparados y capacitados», pero también admitió que Vox está en su derecho de recabar cualquier información, siempre que no contraríe la protección de datos, como han hecho Adelante Andalucía y el PP en la oposición. «Si con esa información conseguimos que Vox resuelva sus dudas, bienvenida sea», dijo.

Información a Vox

Parte de esa información la facilitó el vicepresidente en la comisión parlamentaria de Justicia. Marín informó que en la actualidad hay nueve equipos, uno por cada provincia y dos en Cádiz. En ellas, trabajan 51 profesionales: 19 médicos forenses, funcionarios de carrera al servicio de la Administración de Justicia; y 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales, que son personal laboral.

El vicepresidente admitió que su funcionamiento no es el deseado, dándose incluso listas de espera de dos meses para citas en las unidades. Por lo que anunció que se incorporarán ocho médicos forenses, ocho psicólogos, siete trabajadores sociales y siete administrativos en ocho equipos de refuerzo a las actuales unidades. Los financiará con la partida de 3,9 millones de euros del pacto estatal que corresponden a Andalucía. Al incremento de recursos humanos, se sumará un curso de formación en colaboración con el Instituto Andaluz de Formación Pública para «avanzar en la especialización y exclusividad».

Respecto a los equipos psicosociales, integrados en los Institutos de Medicina Legal y Forense como las unidades y encargados de elaborar los informes periciales en materia de familia para los órganos judiciales, dijo que en Andalucía funcionan 16, que cuentan con 15 trabajadores sociales y 19 psicólogos, pero que debido al volumen de casos que llevan, cada provincia cuenta con un contrato administrativo para externalizar este servicio cuando no se puedan realizar los informes en un plazo de dos meses.

Marín informó que se les exigirá colegiación, como establece la ley estatal, y admitió haber encargado un informe sobre si están o no colegiados los trabajadores de las empresas externas. La colegiación es uno de los datos que pide Vox al cuestionar la profesionalidad de los empleados de la violencia machista y de familias de la Junta.

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