LOS LÍMITES DEL CIRCO MEDIÁTICO

En los primeros días del pasado mes de marzo hemos asistido al enésimo circo mediático, en esta ocasión, organizado en torno a una tragedia personal de dimensiones inimaginables: la desaparición y muerte por asesinato de un niño de tan solo ocho años de edad.

La cobertura informativa que los principales canales de televisión de nuestro país han dado al Caso Gabriel y las circunstancias de su desenlace ya se vislumbraba fuera de toda ética periodística, pero ha sido al analizar de forma cualificada este tratamiento informativo, absolutamente desmesurado en tiempo y en forma, cuando se constatan, una vez más, unas prácticas periodísticas que arrasan de forma impune derechos fundamentales de los ciudadanos en pos de los índices de audiencia.

En el Consejo Audiovisual de Andalucía hemos comprobado que el tratamiento informativo dado por tres de los principales canales de televisión de nuestro país al Caso Gabriel se ha caracterizado por un sensacionalismo extremo que, con el único fin de mantener la atención del público, no tuvo inconveniente en alimentar sospechas sobre una persona que, circunstancialmente, se vio implicada en las investigaciones en los primeros días de la desaparición del menor.

Esta persona y su entorno más próximo ha asistido impotente a la difusión de su imagen, su nombre y apellidos, sus aficiones, la dirección de su domicilio particular, su historial médico y hasta farmacológico. Todo ello sin tener nada que ver con el destino del pequeño asesinado, según confirmaban a los propios medios los investigadores del caso así como la propia familia. Sin embargo, en los programas matinales y en los informativos se ponía en cuestión su coartada y se le tachaba de sospechoso.

De este estudio se extraen varias conclusiones que revelan unas tendencias muy preocupantes para nuestra sociedad y para la salud de nuestros medios de comunicación. La primera es cómo los informativos de televisión se contagian de las prácticas faltas de rigor y deontología periodística que ya vemos como habituales en los espacios llamados magacines, donde se mezcla de forma más que cuestionable el entretenimiento y la información.

Otra tendencia que revela este informe es el efecto arrastre que estas prácticas, dirigidas a ganar espectadores, está teniendo en determinados programas de las cadenas públicas, donde siempre había primado los códigos deontológicos de la profesión, los códigos internos y la autorregulación de los periodistas.

Finalmente, se constata cómo a cada suceso de impacto en la opinión pública determinados programas de televisión se entregan sin rubor a unas prácticas periodísticas aberrantes, que convierten una tragedia personal en un espectáculo muy rentable a costa de derechos fundamentales, como el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la presunción de inocencia... También a costa del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Cabe preguntarse hasta cuándo vamos a permitir que sea rentable, qué límite hay que sobrepasar para que alguien diga basta.

 

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