La Ley de Espacios Productivos aspira a atraer inversiones de la nueva industria

La norma, que ya ha recientemente aprobada por el Parlamento andaluz con el apoyo del PP-A con mayoría en la Cámara, tiene un marcado carácter práctico e incluye figuras de atracción de inversiones e impulso de actividades para promover el desarrollo de estos espacios y favorecer su modernización, figuras como incentivos, proyectos tractores de la industria, planes directores, oficinas locales de Espacios Productivos y otros planes específicos.

La nueva ley beneficiará a un total de 2.379 espacios productivos de Andalucía repartidos en más de 540 municipios de la comunidad que albergan a 46.500 empresas y cerca de 10.000 autónomos, sosteniendo el 22% del empleo de la comunidad y acogiendo el 16% del tejido productivo. El mapa de los polígonos andaluces suponen casi un 40% del total de existentes a nivel nacional.

Una de las novedades es la creación de la figura del Espacio Industrial Protegido, un reconocimiento para «preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social».

Con este distintivo se podrán beneficiar de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales.

Asimismo, tendrán ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

La norma persigue ofrecer una respuesta integral a los desafíos a los que se enfrenta el tejido empresarial para mejorar estos enclaves ofreciendo la máxima garantía jurídica y seguridad para el desarrollo de nuevos proyectos y actividades.

Para afrontar la limitación eléctrica que incide en el crecimiento de estos polígonos por la falta de disponibilidad de energía suficiente, se prevé la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia eléctrica en estos espacios y facilitar la tramitación simplificada para acometer las instalaciones energéticas necesarias, así como realizar la reserva de los correspondientes terrenos para usos industriales y energéticos, con planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo.

La ley clasifica los espacios productivos en tres niveles según sus infraestructuras y servicios, que pueden ser básico, avanzado y avanzado-excelente. También establece nuevas etiquetas de polígono 'fabril' en función de su especialización industrial, y de 'inteligente', 'sostenible' o 'Eco-green', según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. Se pretende con ello que todos los polígonos conozcan su situación de partida y les ayude a destacar sus potencialidades.

La ley ha contado con un elevado grado de participación y en su proceso de información pública y trámite de audiencia recibió 437 aportaciones procedentes de 22 entidades y organismos, de las que cerca de un 80% se han incorporado al texto.