La justicia marroquí archiva la causa contra la activista andaluza Helena Maleno

Helena Maleno, en su casa de Tánger/EFE
Helena Maleno, en su casa de Tánger / EFE

La almeriense afincada en Tánger había sido acusada de tráfico ilegal de personas por avisar de las pateras a los servicios de salvamento

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

«Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y... ¡la justicia marroquí ha archivado la causa penal contra mí! Victoria para el derecho a la vida». Este es el mensaje fijo que la activista andaluza defensora de los derechos de los migrantes tiene en su cuenta de Twitter dando a conocer el fin de una pesadilla, la de verse acusada en un proceso judicial por fomentar la emigración ilegal y el tráfico de seres humanos, delitos que están penados hasta con cadena perpetua en el país norteafricano.

La pesadilla hasta que el Tribunal de Apelación de Tánger ha archivado la causa abierta contra Maleno ha durado quince meses para la también periodista nacida en Almería, aunque residente en Marruecos desde hace 18 años. Un mal sueño que tuvo como origen una denuncia de la policía española de fronteras, como ella misma recuerda en un vídeo de la red social y contó a este periódico hace un año. Entonces, a la espera del juicio, acudió al Parlamento andaluz para solicitar su respaldo y contó su historia.

Fue la Policía española la que, según sostiene, remitió un informe a la gendarmería marroquí señalándola como traficante de migrantes, lo que motivó que la justicia del país magrebí iniciara una investigación que acabó en acusación por tráfico ilegal de personas. Maleno es conocida en Marruecos y Andalucía por alertar de pateras a la deriva para cruzar el Estrecho a través de la organización no gubernamental 'Caminando fronteras'.

La almeriense recoge llamadas de socorro de los emigrantes desde barcas a la deriva o naufragadas en la zona del Estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo, una actividad que la policía española equiparó al fomento de la emigración clandestina. Gracias a sus llamadas a salvamento marítimo tanto de Marruecos como de España, muchas personas han podido salvar sus vidas. El último aviso lo hizo este pasado domingo cuando alertaron a 'Caminando Fronteras' de una patera en el mar de Alborán con 55 miembros a bordo, entre ellas once mujeres y un bebé. La alerta tuvo éxito, ya que los migrantes fueron rescatados sanos y salvos por la guardia costera marroquí.

La Audiencia Nacional archivó en abril de 2017 la misma denuncia auspiciada desde la policía española al considerar que su actividad humanitaria no es constitutiva de delito. Si bien, sí prosperó en los tribunales marroquíes, acabando en Tánger, donde la andaluza reside desde hace años.

Su terrible experiencia empezó en 2012 cuando la policía española avisa a las autoridades marroquíes de una mujer española «traficante» de personas, dando su nombre y señas. La policía marroquí investiga y responde a la española que no ha encontrado evidencias de delitos en su comportamiento. En 2015, las autoridades marroquíes piden, vía embajada, informes a los españoles sobre la actuación de Maleno. Se remiten cuatro informes, pero esta vez ya no vía embajada. La Justicia marroquí abre una investigación y le informa de una acusación formal.

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido desmintió el pasado año que se hubieran enviado informes policiales contra la activista de la emigración, pero ella insistió en haberlos visto. «Es duro que lo nieguen porque negar la tortura a la que estoy siendo sometida también es una forma de tortura», respondió entonces Maleno a este periódico.

Discurso racista

«El mío ha sido un caso paradigmático, pues nos jugábamos si el derecho a la vida debe ser garantizado por encima del control de las fronteras», ha dicho Maleno a Efe en su domicilio de Tánger, ciudad donde reside desde hace 18 años.

Al final la justicia marroquí «ha demostrado altura», ha expresado Maleno. La activista reitera su lamento por el crecimiento en Europa de un «discurso racista y xenófobo» que, en su opinión, dice que el control migratorio está por encima de otros derechos inherentes a las personas». El pasado año murieron en el Mediterráneo 843 personas.