La Junta ultima la tramitación de la Ley de Vivienda para aprobarla en esta legislatura

La consejera del área, Rocío Díaz, avanzó este martes que el anteproyecto de la Ley ya ha sido remitido al Consejo Consultivo para su dictamen. Se trata del último paso antes de que el texto sea llevado al Consejo de Gobierno y, una vez aprobado, se remita al Parlamento para ser sometido al debate de totalidad.

Díaz señaló que el texto llegará al Parlamento tras el verano y contará «contará con un marco jurídico estable, seguro y basado en el diálogo con todos los agentes implicados».

Para la consejera, será una ley de vivienda con sello propio de Andalucía y que facilitará el acceso a una vivienda digna.

Díaz, que asistió junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 32 viviendas protegidas de promoción municipal, aseguró que desde la Junta se están haciendo esfuerzos para dar solución a este problema, agravado en su opinión por el escenario creado por una ley de vivienda del Gobierno central «cargada de perjuicios y con un marcado sesgo ideológico».

En su opinión, la vivienda es actualmente lo que más preocupa y necesita soluciones urgentes y en ese sentido señaló que el Gobierno andaluz ha cuatriplicado la promoción de vivienda protegida en los últimos años al impulsar más de 13.000 viviendas protegidas entre 2019 y 2024 en Andalucía.

Subrayó que esa cifra es significativamente superior a la del último quinquenio de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía (2013-2018) en el que sólo se desarrollaron 3.214 viviendas de protección oficial. Este incremento, aseguró, se debe a la regulación del Plan Vive en Andalucía, así como al Plan Ecovivienda, el instrumento ideado por la Junta para la aplicación de los fondos Next Generation EU en materia de vivienda en Andalucía. A través de estos planes, dijo, se ha logrado que la oferta de vivienda protegida a precio asequible sea cada vez mayor.

Rocío Díaz citó estas cifras como un reflejo del cambio de rumbo en las políticas de vivienda del Ejecutivo autonómico, que ahora aspira a construir otras 20.000 en los próximos cinco años con el Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, cuya redacción se ha elaborado en paralelo al anteproyecto de ley con el objetivo de ir adelantando sus efectos.

Algunas de las medidas que contemplará la ley y que ya están avanzadas en el decreto apuntan a la flexibilización de los suelos ya urbanizados para el fomento de la construcción de viviendas protegidas y la simplificación administrativa para reactivar al sector y aumentar de esa manera la oferta disponible.