La Junta pretende legalizar sin amnistía la mayoría de las 300.000 viviendas irregulares de Andalucía desde el equilibrio ambiental y jurídico

La Junta pretende legalizar sin amnistía la mayoría de las 300.000 viviendas irregulares de Andalucía desde el equilibrio ambiental y jurídico
EFE

Bendodo presenta la iniciativa del Gobierno andaluz que no es una amnistía general y establece planes específicos para su regularización y ampliar la figura de Asimilado Fuera de Ordenación para que puedan acceder a servicios básicos

JOSÉ LUIS PIEDRA

El Gobierno andaluz está decidido a acabar con la falta de respuesta a un problema que lleva enquistado desde hace muchos años, el de las viviendas ilegales. Son un total de 300.000 las que se encuentran en esta situación irregular y son hasta ahora un mal endémico del urbanismo sin control que afecta a muchas zonas de Andalucía como la Axarquía malagueña, la provincia de Almería, la costa de Cádiz o las parcelaciones de Córdoba y Jaén, por citar algunos lugares donde han proliferado con más intensidad este tipo de construcciones.

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, anunció la última iniciativa aprobada por el Consejo de Gobierno para afrontar la resolución de este problema que tiene atrapadas a estas viviendas en una maraña burocrática sin ninguna salida y que se ha encontrado con el silencio como respuesta hasta el momento.

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El objetivo de la iniciativa es alcanzar un equilibrio claro y firme entre la preservación del medio ambiente y el derecho de los propietarios de estas viviendas a acceder a servicios básicos para regularizar así la situación de sus construcciones. Según el consejero de Presidencia, «no se trata de una amnistía general, sino de buscar una solución a través de esta iniciativa que pretende analizar qué viviendas cumplen las condiciones de salubridad y seguridad y no suponen afección alguna al medio ambiente, ya sea por su impacto ecológico, paisajístico, por los residuos que puedan generar o por cualquier otro parámetro, para determinar así su regularización definitiva».

Para ello, Bendodo explicó que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio prevé elaborar planes especiales autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía más ágil y específica para resolver la situación de estas viviendas irregulares, al mismo tiempo que se contempla también ampliar el reconocimiento de la figura ya existente de asimilado fuera de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas. Esta fórmula se aplicó ya anteriormente para asentamientos en suelo no urbanizable y, aunque reconoce la situación de ilegalidad de las edificaciones, permite a sus inquilinos acceder al menos a los servicios básicos y resolver o minimizar problemas ambientales.

El número tres del ejecutivo autonómico dejó claro que no se trata de «de un borrón y cuenta nueva, sino de analizar todos los casos e intentar regularizar las máximas viviendas posibles desde el necesario equilibrio ambiental y legal». «Queremos dar certidumbre y arreglar lo que tenga arreglo, evidentemente que la casa que se encuentre en el cauce de un río habrá que derribarla, pero si está en uno de sus márgenes tal vez pueda tener una solución», aseveró Bendodo.

Además, abogó por evitar que en el futuro puedan volver a darse este tipo de construcciones y anunció para ello el reforzamiento del control a partir de ahora sobre estos asentamientos a través de una labor inspectora y sancionadora más férrea. La pretendida regulación que va a impulsar la Junta permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación.

El consejero y portavoz ha eludido cifrar el volumen de viviendas que pueden ser regularizadas y apuntó a la intervención esta semana en el Parlamento andaluz de la titular de Fomento, Marifrán Carazo, que ofrecerá más detalles sobre esta iniciativa.

El gobierno en coalición de PP-A y Ciudadanos aspira también a poner fin a prolija normativa sin sentido para dar solución a este tema, según Bendodo, abordando ya las diversas circunstancias de cada territorio para erradicar este problema con singularidades muy distintas. Las viviendas de la Axarquía, las gaditanas de El Palmar o Chiclana o las parcelaciones de Córdoba y Jaén, presentan todas ellas una casuística de lo más dispar. La normativa primará en todos estos casos el equilibrio entre el interés general y la preservación del medio ambiente y los derechos que asisten a los propietarios de esos inmuebles.

Los intentos normativos para regularizar las edificaciones en suelo urbanizable se remontan al año 2003, cuando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) previó el régimen de fuera de ordenación y, tres años después, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) incorporó la necesidad de controlar los procesos de ocupación y parcelación del suelo no urbanizable. Sin embargo, la respuesta que se daba no era uniforme en todo el territorio andaluz, por lo que se han aprobado diferentes iniciativas a lo largo de los años que no han resuelto el problema y han generado un entramado normativo prolijo, confuso e incompleto, que no ofrece una solución conjunta.