La Junta pagó 548 millones de euros por sentencias judiciales en su contra entre 2016 y 2018

La Junta pagó 548 millones de euros por sentencias judiciales en su contra entre 2016 y 2018

El consejero de Hacienda advierte de que la cantidad puede ser mayor porque no hay registro fiable

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSASEVILLA

La Junta de Andalucía pagó 548 millones de euros por sentencias judiciales condenatorias en su contra entre 2016 y 2018, según ha informado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en su comparecencia esta mañana en la comisión correspondiente del Parlamento. Bravo ha dado este dato en respuesta a la pregunta del diputado de Cs por Málaga Carlos Hernández White.

El consejero ha advertido de que el montante puede ser mayor y ha desvelado un dato que considera preocupante: La Junta de Andalucía carece de un registro centralizado y unificado que permita determinar el total del importe pagado hasta la fecha para el cumplimiento de sentencias judiciales. «Conocemos las que todo el mundo conoce, pero somos conscientes que hay más y no las podemos conocer, porque el sistema actualmente no lo permite. Hay que buscarlas», ha informado Juan Bravo.

Ha explicado que los 548 millones de euros cifrados por la Intervención General se refieren solo a una parte de las sentencias de las consejerías, no incluye las abonadas por las entidades instrumentales, ni la mayoría de las que se imputan al gasto de personal, «dado que no es habitual que en estos casos se tramite el expediente de gasto».

El consejero ha anunciado que a partir de este 2019 se va a introducir un nuevo atributo en el expediente de tramitación, «que me permita que si usted me pregunta le pueda responder con exactitud la cantidad» pagada en sentencias judiciales en contra.

Hacienda también pedirá a los servicios jurídicos un análisis de riesgo sobre los asuntos judicializados sobre los que pueden recaer abono de indemnizaciones «para que no nos encontremos con la sorpresa de que los 548 millones de euros solo son una punta de lo que por falta de rigor no sabemos».

La Junta pagó en el ejercicio de 2018 hasta 373 millones de euros en sentencias condenatorias, entre ellas 165 millones de euros al empresario Tomás Olivo por la paralización del centro comercial Nevada de Granada; otros 21 millones de euros a la empresa médica Pascual y 166 millones de euros a las constructoras del Metro de Sevilla por sobrecostes.

El diputado de Cs Carlos Hernández ha manifestado que las sentencias reflejan «una mala gestión» del anterior gobierno socialista porque «una empresa que litiga contra la Junta es que sabe que va a ganar».