La Junta se marca el objetivo de que todos los menores infractores puedan cumplir las medidas judiciales en sus provincias

Al margen de los 252 millones de euros invertidos en los últimos tres años o de contar con una red de 48 centros y servicios en los que trabajan casi 2.200 profesionales, hay un indicador que es el que llama la atención más allá de Andalucía y en el que se insiste desde la Administración autonómica: la tasa del 80% de no reincidencia. Es decir, tan sólo dos de cada diez menores que han pasado en algún momento por el Sistema de Justicia Juvenil de Andalucía han vuelto a cometer un delito.

El nuevo Gobierno andaluz ha recogido el testigo de esa línea de actuación y se ha propuesto mejorarla. Uno de los principales objetivos que se ha marcado la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la que ostenta desde enero las competencias en materia judicial, es ofrecer a todos los menores infractores la posibilidad de cumplir las medidas impuestas por un juez en su provincia de residencia. La Junta cuenta con una red de 16 centros de internamiento a los que quedan adscritos los jóvenes obligados a cumplir condenas privativas de libertad en cualquiera de sus modalidades, ya sea en régimen cerrado, el más estricto; semiabierto, abierto o de permanencia en ellos tan sólo los fines de semana. Están distribuidos a lo largo de las ocho provincias y son gestionados por entidades públicas o, en la mayoría de los casos, mediante concesiones a empresas privadas. Además, la Consejería cuenta con otros 32 grupos para la ejecución de las condenas que no implican privación de libertad para los menores y que abarcan desde centros de día hasta grupos educativos o servicios de mediación.

Como norma general los jóvenes infractores que cuentan ya con sentencia judicial son derivados a los centros más cercanos a su lugar de residencia, pero no siempre es así. La elección de otro más lejano puede deberse a la falta de plazas o a que la medida impuesta para avanzar hacia su reinserción social aconseje su adscripción a un servicio especializado que no coincida con el más próximo a su domicilio habitual.

«Que el menor cumpla medidas fuera del lugar donde tenía su residencia hace más difícil desarrollar las necesarias estrategias de intervención familiar que facilitan que se inserte de nuevo en su entorno», reconoce el director general de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, quien advierte además de los problemas de desplazamiento que implica para los padres y el resto de familiares . Ese contacto directo con el entorno es fundamental, añade, en «determinados delitos como el de la violencia en el ámbito familiar», donde «la convivencia se ha quebrado» y es más necesario que nunca recomponerla. El apunte no es casual: el 28% de los menores que cumplieron una medida de internamiento en 2018 en Andalucía lo hicieron por delitos relacionados con la violencia filoparental, la ejercida contra sus familiares más directos.

La solución, entienden desde la Consejería, pasa por tender puentes entre los integrantes de esa unidad familiar para regresar al momento previo a la comisión del delito, algo en lo que la distancia geográfica de un centro situado en otra provincia no juega a favor. El Defensor del Pueblo Andaluz ha insistido en varias ocasiones en sus informes anuales sobre la necesidad de que los jóvenes cumplan las penas que se les impongan lo más cerca posible del entorno social en el que se desenvuelvan.

El departamento que dirige Juan Marín se ha fijado también como meta mejorar la comunicación entre todas las partes implicadas en la ejecución de las medidas impuestas a los menores infractores. Eso, según avanza Ontiveros, implica movilizar recursos para desarrollar el programa de gestión de expedientes, algo que permitirá estrechar aún más los lazos entre los Juzgados de Menores, que son los que dictan las sentencias, la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los propios centros a los que quedan adscritos los jóvenes.

Los datos que maneja la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local revelan que en 2018 se ejecutaron en Andalucía 8.441 medidas vinculadas al Sistema de Justicia Juvenil, un 2,5% más que el año anterior. De ellas, 1.599 implicaron algún tipo de privación de libertad. El perfil del menor infractor continúa siendo, por regla general, el de un varón condenado por haber cometido un robo. Esa es la casuística dominante, pero el análisis de esas cifras arroja otras conclusiones.

Por ejemplo el incremento constante de chicas que ingresan en centros de internamiento, superando el listón del 14% del total por primera vez desde que existen estadísticas oficiales. Y lo hacen además a edades tempranas: el 41% de esas menores llegaron a los centros con 14 o 15 años. Se les suele acusar de delitos de tortura y contra la integridad moral, mayoritariamente asociados a violencia en el entorno familiar (40%), lesiones (17%) y delitos contra el patrimonio (18%).

Otro indicador preocupante es el de las condenadas relacionadas con la violencia de género. En 2018 fueron 159 los menores obligados a cumplir alguna medida de medio abierto, las que no implican privación de libertad pero sí cumplir con algún programa. En términos porcentuales tan sólo representan un 3,68% del global. Sin embargo, la alarma ha sonado porque el número de casos se ha disparado un 62% respecto al año 2017.