La Junta inicia el trámite de una ley para blindar a sindicatos y la CEA

El objetivo es regular de forma más «transparente» las relaciones institucionales con las organizaciones sociales y empresariales, que serán compensadas económicamente por los costes generados por su dedicación, explicó el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

«Damos mayor cobertura legal a esta participación y al fomento del diálogo social», resaltó Jiménez Barrios, que agregó que Andalucía afronta este anteproyecto con «una larga tradición de diálogo social» y confió en que el consenso alcanzado durante la elaboración del proyecto de ley cuente con «el beneplácito del Parlamento».

Esta norma, que ya existe en catorce comunidades autónomas, avanzará en el «gobierno abierto», según el vicepresidente, ya que los ciudadanos podrán conocer «en todo momento» los términos en los que los agentes sociales y económicos participan en las políticas públicas, ha resaltado.

El texto fijará legalmente unas reglas de juego «objetivas, transparentes, eficaces y equitativas», así como los contenidos esenciales de la participación, la forma de organización y su funcionamiento, financiación y fomento, detalló.

Así, el anteproyecto establece que la participación y colaboración institucional se aplicará a todos los órganos de dirección, consultivos, de asesoramiento y participación de la Junta, salvo aquellos sectoriales en el ámbito del empleo público. También se exceptúan el Consejo Económico y Social; el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, y el Instituto Andaluz de Relaciones Laborales, así como los procesos de negociación de convenios colectivos.

El documento define la participación institucional como la representación, defensa y promoción de los intereses propios de las organizaciones sindicales y empresariales en el seno de las administraciones públicas andaluzas.

Ésta se llevará a cabo mediante la presencia de sus representantes en los órganos de la Junta y en mesas o foros de negociación o concertación social en los que participarán y realizarán el seguimiento de acuerdos y pactos, así como en la planificación económica y la ejecución de proyectos y programas con la Administración autonómica.

La nueva norma recoge las facultades, derechos y deberes de los sujetos participantes, así como el derecho de las organizaciones a ser compensadas económicamente por los costes generados por dedicación y el ejercicio de estas funciones.

Asimismo, las leyes de presupuestos consignarán anualmente las partidas destinadas al fomento de la participación institucional.

Por su parte, la colaboración institucional se define como el desarrollo de la acción social y económica propia del interés general por parte de las organizaciones sindicales y empresariales, conjuntamente con la Administración de la Junta o sus entidades instrumentales.

Finalmente, en el título dedicado a la transparencia y a las actuaciones de control, se recoge que las organizaciones sindicales y patronales deberán dar publicidad de las actividades realizadas y que hayan sido financiadas con fondos públicos. Además, las organizaciones receptoras de las subvenciones estarán sometidas a las actuaciones de control económico y financiero por los órganos de la Junta.

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto legislativo por el que se establece el texto refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad. La norma, que sustituye a la que entró en vigor en 2009, reúne todas las modificaciones aprobadas desde entonces en un marco «estable, sencillo y actualizado que ofrece mayor claridad» y garantiza a la ciudadanía la seguridad jurídica en su aplicación», según el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco.