La Junta denuncia la parálisis de 4.300 proyectos y la pérdida de 6.500 millones en inversiones

Bendodo criticó «la dejadez, apatía, incapacidad e irresponsabilidad del anterior gobierno socialista, cuya gestión ha provocado la pérdida de estos proyectos y de estas inversiones por falta de respuesta, una situación que desde el nuevo ejecutivo estamos cambiando porque queremos que Andalucía sea una tierra para la inversiones». El consejero de Presidencia citó como ejemplo el proyecto empresarial en el puerto de Sevilla que se ha desbloqueado después de siete años de parálisis en su trámite ambiental.

Más de la mitad de los expedientes paralizados son relativos a proyectos de energías renovables, que tenían una inversión prevista de 2.800 millones de euros, además de otras iniciativas empresariales vinculadas a la industria, la minería y al sector oleícola, como la autorización de actividad para las almazaras. Carmen Crespo lamentó por su parte que «en muchos casos no se tenía ninguna respuesta por parte de la Junta y algunos proyectos llevaban hasta diez años bloqueados», lo que consideró una situación escandalosa con una parálisis sin precedentes que ha puesto un tapón para la inversiones y el empleo en Andalucía».

La titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible explicó que «el freno a estos proyectos no ha tenido su causa en la protección ni en la preservación del medio ambiente, sino que ha sido la desidia y la falta de respuesta en la tramitación de estos expedientes con la exigencia en muchos casos de informes adicionales más allá de los informes preceptivos legalmente establecidos». Crespo anunció un plan para reactivar estos proyectos y retomar el contacto con los empresarios e inversores para impulsar de nuevo estas iniciativas. Solo con la recuperación del 50% de las licencias solicitadas para estas actividades, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo, según la estimación de la Junta.

Para ello, Crespo avanzó una batería de medidas para acabar con el parón y colapso de estos expedientes y conferirles mayor celeridad a su tramitación, entre ellas la modifación de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, aprobada en 2007, para simplificar los procedimientos, reducir los tiempos de tramitación y rebajar la carga administrativa. «Estos cambios normativos no supondrán que la ley sea más laxa y permisiva, porque se van a mantener todas las exigencias y requisitos de protección al medio ambiente; se trata de hacer una norma que facilite y posibilite estos proyectos desde la premisa del desarrollo sostenibilidad», agregó Crespo.

Los cambios normativos propiciarán una mayor agilidad y la consejera puso como ejemplo el caso de las almazaras, que beneficaría al 80% de estos proyectos del sector oleícola ya que se podría exigir únicamente una certificación, en lugar de una autorización ambiental unificada como hasta ahora, lo que supondría una reducción notable de los plazos de tramitación. Para retomar el impulso a estos expedientes bloqueados la Junta va a realizar una reasignación de efectivos para agilizar la tramitación de estos expedientes, a cuyas tareas se van a incorporar 65 trabajadores más procedentes de otros departamentos de la Administración. Del total de 4.367 expedientes de proyectos empresariales pendientes de resolver en su tramitación ambiental, 1.763 corresponden a la gestión del litoral –de ellos 648 expedientes relativos a chiringuitos de playa-, 391 al de calidad del aire, 370 a residuos y 1.843 a prevención y control ambiental. El informe sobre la situación de estos expedientes pone de relieve que muchos trámites sufrían un retraso que casi cuadruplicaba los tiempos estimados para su resolución. Así, para la obtención de una Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, la tramitación se demoraba hasta dos años, o en el caso de la Autorización Ambiental Unificada, con un plazo previsto de resolución de 8 meses, se dilataba hasta los 20 meses de media.

Por provincias, Málaga, con 1.207 expedientes pendientes, acapara cerca del 30% del total de los proyectos paralizados y pendientes de resolución, con casi 25.400 empleos estimados. Le sigue Sevilla, con 735 expedientes y más de 15.450 empleos; Almería, con 536 trámites pendientes y más de 11.300 puestos de trabajo; Jaén, con 490 expedientes y 10.300 empleos; Granada, con 405 trámites y casi 8.560 puestos de trabajo; Cádiz, con 310 expedientes y rozando los 6.450 empleos; Córdoba, con 275 trámites y casi 5.800 empleos, y Huelva, con 197 expedientes pendientes y cerca de 4.150 puestos de trabajo.