La Junta crea un mecanismo para agilizar los planes generales

La medida obliga a elaborar un resumen de los documentos y a implantar sistemas de colaboración entre Fomento y los municipios

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

La Junta ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo mecanismo para agilizar la tramitación y aprobación de los documentos urbanísticos, incluidos los planes generales de ordenación urbana. La norma, en vigor desde el pasado 8 de marzo, fue adoptada tras un acuerdo del Consejo de Gobierno que instaba a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a poner en marcha las medidas necesarias para agilizar y simplificar, los procedimientos en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

Actualmente la tramitación de los PGOU en Andalucía se demora en torno una media de cuatro años y la medida persigue acortar esos plazos, uno de los objetivos planteados por el nuevo Gobierno andaluz. Se trata de la primera instrucción firmada por el director general de Urbanismo, José María Morente, tras tomar posesión de su cargo a comienzos de este mes. La medida fue uno de los compromisos adelantados por la consejera de Fomento, Marifran Carazo, en su comparecencia del 6 de marzo ante el Parlamento Andaluz para facilitar el trabajo de los ayuntamientos y evitar pérdidas de tiempo innecesarias.

La instrucción plantea en primer lugar medidas en relación a un informe previo que se deberá elaborar antes de la propuesta de resolución sobre la aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos y ordena que ese documento finalice siempre con un apartado de conclusiones que debe servir de base para la propuesta de resolución. Ese informe tendrá que identificar las deficiencias que pueda presentar el instrumento de planeamiento e indicar los preceptos normativos que permitan adoptar una decisión motivada. Este informe previo también deberá incluir una valoración del documento en relación a su adaptación a la planificación territorial.

La segunda novedad es la incorporación de un ponente en los casos en los que la resolución sobre la aprobación corresponda a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Así, el delegado territorial de la Consejería deberá estar asistido por personal de su delegación, entre el que deberá designar a un ponente. Éste deberá plantear los asuntos que tengan que ser sometidos a la consideración de la comisión.

Requisitos

Para que los órganos urbanísticos que tengan que resolver dispongan de una información clara, los informes previos deberán incluir un anexo con un resumen de las principales determinaciones del instrumento de planeamiento que en una extensión máxima de cinco folios indique la información básica, como el objetivo del instrumento de planeamiento; las principales características del municipio; la descripción de las principales determinaciones, incluidas las propuestas de nuevos suelos, los desarrollos industriales y turísticos previstos, las previsiones para VPO y las soluciones planteadas para resolver problemas y carencias urbanísticas. También debe contener la adaptación a la planificación territorial, la incorporación de las políticas o legislaciones sectoriales (medio ambiente, cultura, carreteras o costas).

La nueva norma establece la creación de una mesa de trabajo para el cumplimiento de las condiciones y reparos incluidos en los acuerdos de aprobación de los planes generales y demás instrumentos de planeamiento. Estas mesas tendrán carácter técnico jurídico y su objetivo será establecer un mecanismo de colaboración entre la Junta y los ayuntamientos para conseguir que los planes entren en vigor de manera completa lo antes posible. Deberán constituirse en un plazo no superior a los 15 días y fijar en su primera reunión un calendario de trabajo en el que se concreten los plazos para elaborar y tramitar por parte del municipio los mecanismos de subsanación necesarios.