La Junta de Andalucía contratará interinos para agilizar proyectos de energías renovables

Susana Díaz e Isidro Fainé, ayer tras la firma del acuerdo, junto al consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. /EFE
Susana Díaz e Isidro Fainé, ayer tras la firma del acuerdo, junto al consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano. / EFE

También da luz verde a un plan para asesorar a los ayuntamientos sobre la ubicación de las grandes superficies

Maria Dolores Tortosa
MARIA DOLORES TORTOSA

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley con medidas para la agilización administrativa de proyectos de energías renovables en Andalucía. La norma andaluza intenta reactivar este sector ahorrándole duplicidades en los trámites, explicó el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, tras la reunión. Sobre todo, la Junta quiere que las empresas logren las adjudicaciones ante los plazos de tramitación tan cortos que estableció el Gobierno del PP (de agosto a octubre) en las dos subastas del pasado año. Para ello declarará de interés estratégico aquellas propuestas con solvencia económica, social y medioambiental, y contratará interinos para la tramitación de los informes preceptivos en las consejerías de Empleo y Medio Ambiente para poder llegar a tiempo.

En la actualidad hay solicitados en Andalucía 159 proyectos de energías renovables a Red Eléctrica de España, para un total de 6.570 megawatios de potencia. El objetivo, añadió el consejero, es impulsar un sector de gran impacto en Andalucía con más de 6.500 empresas vinculadas a las energías. «Andalucía ha jugado un papel pionero en el apoyo a las energías renovables, especialmente durante los años de gobierno del PP, en los que mantuvo a este sector en una situación de inseguridad jurídica», esgrimió. La finalidad es que en 2020 se cumpla con el objetivo de que las renovables aporten el 25% al consumo final bruto de la energía, estando ahora en el 17,6%.

La iniciativa andaluza surge al calor del anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de acabar con el llamado 'impuesto al sol' o al autoconsumo de la etapa de Rajoy. Para la simplificación administrativa se derogan disposiciones que, tras aprobarse otras nacionales, constituían un impedimento burocrático más para la realización de los proyectos. Se trata por ejemplo de artículos de la ley autonómica de energías renovables que obligaba a la realización obligatoria de auditorías energéticas en los edificios y en las empresas, además de implantar el certificado de eficiencia.

También queda sin efecto el decreto vigente desde 2008 sobre procedimientos administrativos vinculados a la energía solar fotovoltaica. A partir de ahora se basará en la norma estatal aprobada en 2014 en sustitución de otra de 2007.

Carnero censuró la actitud restrictiva del anterior Gobierno en las subastas con Andalucía, sin tener en cuenta el potencial de esta comunidad, a la que solo asignaron el 5,5% y el 14% del total de los proyectos nacionales. Andalucía es líder nacional en termosolar de alta temperatura. La comunidad dispone de más de un millón de metros cuadrados de paneles térmicos de baja temperatura y de 3.324 megawatios eólicos instalados. Además produce la cuarta parte del total nacional de biomasa (2.000 megawatios).

Por otra parte, Javier Carnero, que también lleva las competencias de comercio, explicó el plan que la Junta ha aprobado para orientar a los ayuntamientos sobre la ubicación de las grandes superficies minoristas (2.500 metros).

El documento, subrayó Carnero, es «de carácter indicativo y no vinculante y no prohibe nada». Parte de los criterios de la Ley de Comercio Interior y el Plan de Ordenación del Territorio. Ofrece a las entidades locales un análisis del sector comercial detallado en 36 unidades territoriales distribuidos en diez centros regionales (capitales de provincia y sus áreas metropolitanas; Jerez y Bahía de Algeciras); ocho zonas de ciudades medias del litoral; 11 ciudades medias del interior y siete áreas rurales.

Entre los criterios, destacan los relativos a la cohesión y el equilibrio territorial; el fomento de la centralidad y del modelo de ciudad compacta que evita localizaciones aisladas y desvinculadas de los núcleos de población; y la cercanía y fácil acceso, explicó el consejero.

La Caixa destina 59 millones a proyectos sociales en Andalucía

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Fundación Bancaria la Caixa, Isidro Fainé, firmaron ayer un acuerdo marco, por el que esta entidad dedicará a acción social en Andalucía 59 millones de euros en 2018, un millón más que en 2017. La presidenta andaluza ha valorado este «importante acuerdo», que, un año más, permitirá atender a menores en situación de necesidad; mejorar la calidad de vida de personas con especiales necesidades, facilitar la creación de empleo, promover el acceso a la vivienda social en alquiler o llevar a cabo programas de investigación, cultura o formación. El acuerdo entre la Junta y la Caixa benefició el año pasado a 12.104 menores en Andalucía, dentro de la línea de atención a la infancia más vulnerable; y facilitó la creación de más de 5.300 empleos, con especial incidencia en las personas en riesgo de exclusión. «Nuestro objetivo, al lado de la Junta, es llegar cada día a más personas», afirmó Fainé.

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