La Junta aprueba la jornada de los funcionarios y dice que «acata» al TC

Elevada pues la consulta al TC, en virtud de una reforma legal que lo permite, y sin respuesta por parte de éste, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, explicó que la Junta «ha dado las máximas garantías de que acata la sentencia», que «no hay ninguna duda» al respecto, pero a la vez defendió que está capacitada para establecer la jornada de los empleados públicos. También retó al Gobierno a contemplar en los próximos Pregupuestos Generales del Estado la jornada de 35 horas, que nueve comunidades tenían antes de 2012, cuando el Gobierno central impuso las 37,5. «Si no lo hace, deberá explicar por qué ha aprovechado los años de crisis para liquidar derechos a los empleados públicos».

La segunda cuestión en duda era el control que el Gobierno andaluz va a realizar del cumplimiento de esa media hora diaria no presencial y que según la Junta se va a dedicar a cuestiones como preparación y organización de tareas, consulta e información sobre materias relacionadas con el trabajo, formación y perfeccionamiento profesional.

La Consejería será la responsable de este control, tanto de la jornada presencial como la no presencial, dijo, y se establecerán mecanismos diferentes en cada caso, como es diferente la situación de los distintos colectivos. Montero citó el caso de Salud, donde las jornadas difieren por turnos o colectivos.

En cualquier caso, Hacienda va a realizar un catálogo de tareas que pueden computar a efectos de jornada. Será abierto, se actualizará de acuerdo con las novedades que se produzcan, y se podrá consultar a partir del 8 de enero. El cómputo se hará con carácter anual.

El acuerdo establece que en el ámbito sanitario se mantendrían los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria, mientras en Educación se reorganizarán las tareas de jornada, manteniendo 20 horas lectivas y considerando como tal una hora de guardia este curso y dos en el próximo, mientras el horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas, indica la Junta.

Por otra parte, Montero reconoció haber recibido, como otras comunidades autónomas, la carta de Hacienda que advierte de incumplimiento de la regla de gasto.

La consejera aseguró que de acuerdo con sus cálculos, la comunidad cumple y preguntó al Ministerio de dónde se saca que ha aumentado en 2,8%, frente al 2,1% establecido como tope. La responsable andaluza dijo temer que el Gobierno central esté imputando a Andalucía parte del gasto que no le corresponde y reclamó transparencia, porque nunca se les ha explicado el método.