El juicio de los ERE termina hoy tras 152 sesiones durante más de un año

El abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera terminará de exponer su informe final, que comenzó a última hora del miércoles y ocupó la sesión extra habilitada el jueves de la semana pasada en la que se preveía que podía terminar el juicio. No obstante, al alargarse este informe no fue así, ya que tras el letrado de Viera, José Manuel Herrera, aún debe intervenir el letrado José María Mohedano en representación del exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, una vez que este abogado, que también defiende al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ya expuso el informe de defensa de éste.

Con ellos las defensas concluirán las exposiciones de sus informes finales, en los que coinciden en pedir la absolución de todos los acusados al no considerar que cometieran los delitos de prevaricación y malversación por los que les acusa la Fiscalía Anticorrpción y el PP-A (Manos Limpias retiró la acusación de malversación) y a los que las defensas critican la «indefinición» de los hechos concretos que imputan a cada procesado.

Tras ello, el magistrado Juan Antonio Calle, que preside el tribunal, dará la oportunidad a los 21 acusados de ejercer su derecho a una última palabra, si bien en principio la mayoría no tiene intención de hablar más allá de un agradecimiento protocolario al tribunal, ya que sus abogados no les recomiendan decir nada, aunque en última instancia ellos deciden.

Con ello, el juicio quedará visto para sentencia, un fallo que el tribunal ya ha dejado claro que tardará al menos seis o siete meses, por lo que no se prevé que se conozca antes de julio, y está por determinar si se hará una lectura pública como en otras macrocausas de corrupción. Será entonces cuando se conozca si los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y una veintena de exconsejeros, exviceconsejeros y exaltos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda, Innovación y la agencia pública IDEA que formaron parte de sus gobiernos entre el 2001 y el 2010 son condenados por prevaricación y malversación por la creación de un «procedimiento específico» usado para dar 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas de forma arbitraria y sin control.