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JOSÉ LUIS PIEDRA
SEVILLA.
Martes, 18 de mayo 2021, 00:04
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El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha remitido a la Audiencia Provincial la causa contra la antigua cúpula de UGT en Andalucía, con su ex secretario general al frente, Francisco Fernández Sevilla, para la apertura de juicio por el presunto fraude de subvenciones públicas en los cursos de formación que alcanzó los 40,7 millones. En esta causa están implicados también otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical por un presunto delito de fraude de subvenciones junto a un delito de falsedad en documento mercantil derivado de la práctica de supuestas facturas falsas con las que se defraudaron 40,7 millones en subvenciones.
Junto al ex secretario general Francisco Fernández, serán enjuiciados también el que fuera secretario general de Administración; la ex secretaria de Gestión Económica; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., junto a una decena más de personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.
El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, emitió una providencia de la que informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía A) para que la Audiencia Provincial siga ahora con el procedimiento de esta causa, después de que ya dictara el pasado año u auto en el que acordó la apertura de juicio oral contra los 15 investigados tras recibir los correspondientes escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares ejercidas por el Gobierno andaluz y el PP-A.
Los hechos que se van a enjuiciar se remonta al periodo entre 2009 y 2013 en el que el sindicato, según el auto del juez, impulsó «procedimientos concertados entre sus responsables y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias con la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas» para parados y trabajadores.
De esta causa quedó apartado por decisión del juez el que fuera también secretario general del sindicato Manuel Pastrana, ya que se decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él ante su «situación de incapacidad sobrevenida».
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