El ex consejero socialista de Empleo Antonio Fernández. SUR

El juez de los ERE procesa a un exconsejero de Empleo y dos exdirectores generales por 66 millones en sobrecomisiones

Están implicadas otras 32 personas más a las que se les acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos

Martes, 21 de diciembre 2021, 13:05

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que se encarga de los asuntos relacionados con los ERE ... fraudulentos de la Junta ha acordado seguir adelante con mediante procedimiento abreviado con las diligencias previas seguidas contra 35 personas por el cobro de 66 millones en sobrecomisiones, entre los que se encuentra el ex consejero de Empleo de la Junta con el Gobierno socialista Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

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En este auto el juez detecta presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, por lo que da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables.

En esta resolución se implica también al exsindicalista de UGT Juan Lanzas como supuesto conseguidor de las ayudas y su pareja, Beatriz N.M., y su cuñado, Ismael Sierra, así como el supuesto testaferro Juan Francisco Algarín y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín. Se trata de una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas estos expedientes financiados por la Junta.

El juez sostiene en su resolución que el ex consejero de Empleo y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, junto a varios responsables de Vitalia y otros investigados, «de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían ejecutado -mediante el desempeño del papel asignado a cada uno de ellos- un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta -con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la Consejería de Innovación-, naturalmente ordenado, aceptado y consentido por responsables de la Consejería de Empleo y fijado en su cuantía por los mediadores de las respectivas pólizas en las que intervenían».

El ex consejero Antonio Fernández y el ex director Juan Márquez ya fueron enjuiciados y condenados anteriormente por otra pieza del caso y el juez considera en este auto que «no se daría un doble enjuiciamiento en relación a unos mismos hechos delictivos en dos causas distintas, pues no habrían sido objeto del denominado procedimiento específico las posibles sobrecomisiones que las distintas mediadoras solicitaron y obtuvieron en las distintas pólizas de renta colectiva para el abono de las cantidades concedidas en los distintos ERE, y cuyo pago efectuó la Junta extramuros de cualquier legalidad», a lo que añade que «no habrían articulado sus pretensiones de condena con fundamento sustantivo en la mecánica delictiva objeto de las presentes actuaciones».

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Según el auto, «las posibles sobrecomisiones investigadas no serían consecuencia necesaria de la ideación y ejecución del llamado procedimiento específico», prosigue el juez, que alude igualmente a distintos autos dictados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla en los que se ratifica y confirma «expresamente» la inclusión como investigados en esta pieza separada de Antonio Fernández y Juan Márquez, así como del también ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, contra el que el juez declara extinguida la responsabilidad penal tras su fallecimiento en octubre de 2020.

En el auto se recoge la continuidad del procedimiento como partícipes a título lucrativo contra las entidades Permar 21 S.L. y Cureña S.L. y también acuerda continuar dicho proceso en calidad de responsables civiles subsidiarios contra otro grupo de entidades, entre las que se encuentran los sindicatos UGT-A y CCOO-A.

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El juez acuerda el sobreseimiento de la causa respecto de ocho investigados, entre ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el excomercial de Vitalia Jesús Bordallo, debido a la «inexistencia de elementos de convicción suficientes de los que deducir la concurrencia de los presupuestos necesarios» para acordar la continuación del procedimiento.

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