El juez de los ERE abre una pieza por la concesión irregular de 1,5 millones en ayudas a Siemens

Entre los cinco investigados en esta pieza separada del caso ERE se encuentran dos responsables de Siemens, Joaquín J.D. y Félix R.P.; Manuel M.R. como presidente del comité de empresa y los exmiembros de la consultora Vitalia Jesús María Bordallo y Antonio Albarracín, procesados ambos en otras piezas separadas de esta macrocausa.

El magistrado toma esta decisión en este auto «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos», dando así traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

El juez precisa que el objeto de esta pieza separada «lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales concedidas de manera ilícita y arbitraria a la empresa por parte de la Dirección General de Trabajo entre los años 2002 y 2004 por un importe de al menos 1,5 millones para el pago de un seguro de prejubilación de los trabajadores afectados por el ERE, una ayuda que »habría sido negociada y comprometida en el marco de la negociación de dicho ERE, tal y como resulta del acta de acuerdo empresa-trabajadores de 12 de abril de 2002«.

El juez explica en el auto que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, puesto que «ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta», siguiendo así el criterio «a tal efecto establecido» por la Sección Séptima de la Audiencia en un auto donde confirmó la exclusión en esta causa de Francisco Javier Guerrero.

El instructo sostiene que, de lo actuado, se deduce que las ayudas concedidas a Siemens Metering «carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad», a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo «sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda, sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos».