Incierto próximo curso

Yendo por partes: tanto la ley de Tributos Cedidos como la LISTA suponen para el gobierno de Juanma Moreno dos normas clave, según como entienden la economía en el PP y en Ciudadanos, para afrontar el escenario de recuperación que deberá suceder a la pandemia. En ambas formaciones consideran que se trata de leyes que tendrán una repercusión decisiva para la atracción de inversiones. Una, porque convertirá a Andalucía en uno de los territorios fiscalmente más atractivos de España y la otra, porque a la simplificación y agilización de los trámites urbanísticos le sumará la puesta a disposición de más suelo para proyectos inmobiliarios, uno de los sectores en el que están depositadas buena parte de las expectativas de reactivación.

A pesar de que el PSOE ha mostrado su disposición a negociar su apoyo a la LISTA -es impensable que lo haga en la norma que afecta al ámbito fiscal- para la alianza de Gobierno se trata de una oferta irrelevante. La ley del suelo se consensuará con Vox. Los aspectos que el partido de Abascal y los socialistas se han mostrado dispuestos a negociar son antagónicos, y tanto el PP como Ciudadanos prefieren mantener la alianza parlamentaria que les ha permitido llegar hasta aquí porque después de estas leyes, o simultáneamente con estas, comenzará la negociación de los presupuestos.

El discurso oficial que los partidos del Gobierno han mantenido invariablemente es que hay intención de concluir la legislatura y que no habrá elecciones hasta noviembre del año próximo, pero hay tantos factores que invitan a darla por concluida que el escenario de un adelanto comenzará a ser cada día más probable a partir de que ambas leyes fundamentales para el Gobierno hayan sido aprobadas.

Uno de ellos, como ya se dijo, es la presión constante que Juanma Moreno recibe desde la dirección nacional de su partido para que subordine su estrategia de gobierno al interés electoral de Pablo Casado, pero no es el único. También hay factores del propìo interés electoral del PP Andaluz, disparado en las encuestas, la conveniencia de no darle tiempo a Juan Espadas para consolidarse como líder y candidato socialista, la división en el espacio político a la izquierda del PSOE y la ausencia de candidato tanto en Unidas Podemos como en Vox, que aún no ha deshojado la margarita sobre cuál será su estrategia en Andalucía.

A todos estos factores se ha sumado uno más con la crisis interna en Ciudadanos que desembocó en el cambio en la dirección de su grupo parlamentario, presentado como un relevo a petición del portavoz destituido en una versión que tendría verosimilitud si no hubiese estado precedido de sonoros desencuentros internos. Si Juan Marín no consigue mantener cohesionado a su grupo de 21 parlamentarios, algo que dependerá de los cambios internos que decida la nueva dirección del grupo a partir de septiembre, se añadirá un factor de inestabilidad y otro argumento para quienes apuestan por un adelanto.

¿Cómo haría en ese caso Juanma Moreno para justificar un adelanto electoral después de haber construido durante meses un discurso que fundamentaba en el interés general por sobre los partidistas su decisión de agotar la legislatura? El relato se lo puede ofrecer en bandeja Vox, formación que viene reclamando desde hace tiempo, también por claro interés electoral, que se ponga fin a la legislatura.

Los intereses de ambas fuerzas no son convergentes. Juanma Moreno necesita que se consolide la recuperación económica antes de que los andaluces sean convocados a las urnas; a Vox le conviene todo lo contrario, es en el caladero del desencanto y la desesperación donde más votos puede pescar.

La señal que marcará la carrera hacia las urnas la van a dar los presupuestos. Aunque Juan Espadas se ha ofrecido a negociarlos para darles apoyo parlamentario, un acuerdo entre el PP y el PSOE en este asunto es altamente improbable. No sólo porque los presupuestos son los que marcan la política para todo un año y es ahí donde se sustancian las diferencias entre quienes están en el gobierno y quienes aspiran a desalojarlos, sino también porque las diferencias de partida son insalvables. Desde la Junta se asegura que Andalucía recibirá el año próximo 2.317 millones de euros menos del Estado; desde la Delegación del Gobierno se sostiene que llegarán 3.000 millones de euros más. Esta diferencia de 5.000 millones de euros demuestra que también las matemáticas han entrado en el terreno de la controversia política. Con esos mimbres, especular con un acuerdo presupuestario entre las dos grandes fuerzas supone incursionar en el género de ficción.

Por ello, quien tendrá en sus manos servir en bandeja a Moreno Bonilla el argumento para dar por concluida la legislatura será Vox. Y sólo tendrá que limitarse a convertir en hechos alguna de sus eternas amenazas. Le bastará con dejar que el gobierno en minoría de la Junta fracase por primera vez en su intento de comenzar el nuevo ejercicio con presupuestos aprobados. En ese momento será cuando el presidente deberá decidir si gobierna en minoría con presupuestos prorrogados o llama a los andaluces a las urnas.